*Opinión
Por Luis Eliud Tapia Olivares |Centro Prodh |@EliudTapia
“Creo que el problema en México es de desorden;
están confundiendo el problema de la migración
y el del combate al narcotráfico
[y son]temas que no se deberían mezclar…”
Ángel Amílcar
México, DF, 6 de agosto. Los temas relacionados con la migración están de moda aunque la crisis humanitaria de personas migrantes que se vive en México no es nada actual. Decenas de miles de familias, hombres, mujeres, niños y niñas, obligadas por la situación de violencia y pobreza que viven en su país cruzan —o intentan cruzar— el territorio mexicano con el anhelo de llegar a Estados Unidos para lograr una vida mejor.
Noticias de los abusos que viven las personas migrantes a manos de distintos cuerpos policiacos, del Instituto Nacional de Migración, de elementos castrenses, del crimen organizado, (muchas veces en complicidad con el propio Estado) y otros actores, ocupan espacio en los medios de comunicación cada día.
Frente a dicha situación, los gobiernos involucrados hacen oídos sordos, se culpan entre sí, toman medidas que sólo agravan la crisis o actúan cínicamente como las autoridades mexicanas quienes mientras exigen que se respeten los derechos humanos de nuestras paisanas y paisanos en Estados Unidos, al grado de litigar un caso ante la Corte Internacional de Justicia, violan sistemáticamente los derechos de las personas centroamericanas en su paso por este país, incluido el derecho reclamado en el llamado caso Avena, es decir, a recibir asistencia consular.
El caso de Ángel Amilcar Colón Quevedo, el migrante hondureño que fue detenido y acusado injustamente de varios delitos federales, el derecho a la notificación, contacto y asistencia consular adquiere relevancia. Él como muchas personas migrantes, rindió su declaración sin haberse entrevistado con personal diplomático de su país y las consecuencias procesales de ello hasta el momento han sido nulas.
Ángel, demostró sin lugar a dudas y sin que le correspondiera hacerlo, su inocencia; y a partir de su caso podemos preguntarnos ¿cuántos migrantes más viven su misma situación? En aproximación a la respuesta, desde el Centro Prodh podemos afirmar que al menos mil 200 personas migrantes se encuentran recluidas en alguno de los centros de detención en México.
En ese sentido, no es aventurado pensar que muchas de esas personas han sido detenidas, torturadas y luego acusadas de graves delitos y que su situación de vulnerabilidad no les ha permitido salir de las garras del engorroso e injusto sistema penal mexicano. Tal afirmación encuentra asidero en que la tortura es una práctica generalizada en este país y que personas pertenecientes a diversos grupos vulnerables, ya sea por su origen étnico, su condición social, su edad o su apariencia han sido víctimas del sistema de procuración e impartición de justicia.
Finalmente, el gobierno mexicano debe garantizar cada uno de los derechos humanos que les asisten a las personas migrantes detenidas, no como una exigencia técnica sin relevancia, sino como una obligación derivada tanto de normas nacionales como internacionales y de las propias declaraciones públicas de sus funcionarios. De otra manera, la permanente violación al derecho a una defensa adecuada, en sus múltiples formas, seguirá encontrando eco en quienes para el Estado son más vulnerables.
*Este texto fue publicado inicialmente en el blog La lucha cotidiana de los DH en Animal Político