*La iniciativa fue enviada por Peña Nieto y las Organizaciones piden que sea rigurosamente analizada
México, D.F.- Hoy se dará en el Senado la discusión sobre la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, relativo a la restricción y suspensión de derechos y garantías fundamentales. La iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto, se refiere en su artículo 2 y 3 a los casos de invasión o perturbación grave de la paz pública como situaciones que justificarían la restricción o suspensión de derechos humanos (DH).
Asimismo, y de manera laxa, alude a “otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” o bien “similares”, incluso conflictos originados por una persona. Esto representa un margen muy amplio de discrecionalidad en el que múltiples situaciones pueden ser consideradas por el Ejecutivo casos que justifiquen el establecimiento de un estado de excepción.
Por ello, diversas organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social manifestaron su preocupación y alertaron que la discusión de esta ley podría violentar derechos humanos de personas y colectivos.
La iniciativa de Ley Reglamentaria tiene su origen en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Por tanto es importante que se respeten y asienten en la ley los principios relativos al tema de suspensión derechos, los cuales están señalados en múltiples instrumentos internaciones y jurisprudencias de distintos órganos regionales de protección de DH.
En 2011, el artículo 29 constitucional fue modificado con un sentido de protección de los derechos humanos. Sin embargo, en la reforma política, publicada el pasado 10 de febrero de 2014, se volvió a modificar este artículo.
Las organizaciones ven con preocupación que tanto la última reforma constitucional como la propuesta de Ley Reglamentaria se enmarcan en un contexto de criminalización de la protesta social, que ha modificado los marcos normativos con el objeto de castigar o inhibir las expresiones de disenso y de manifestación pública, así como la desnaturalización de figuras legales, que pueden ser desviadas de sus propósitos e indebidamente utilizadas contra grupos sociales.
Ante ello, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social hace un llamado al Senado para que esta iniciativa sea rigurosamente analizada, estableciendo un catálogo cerrado de situaciones, con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un estado de excepción. Por tratarse de un mecanismo que puede suspender y limitar el ordenamiento constitucional, su discusión requiere de la mayor publicidad y participación efectiva de la sociedad en general.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social está integrado por Artículo 19, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar Centro de Análisis e Investigación,Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”.