*Comité Cerezo exige al gobierno estatal, federal y a la CNDH que se tomen medidas en el caso
México, D.F.- El pasado 9 de abril de 2014, en Morelia, Michoacán, un vehículo embistió y atropelló a 12 estudiantes que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta, y las autoridades presentes no tomaron medidas para proteger a quienes se manifestaban.
Entre las y los estudiantes heridos se encuentra Rosa Hernández Reyes, estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) quien fue reportada con fractura craneoencefálica y en estado de coma. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán ha sido omisa al investigar las violaciones al derecho a la vida de las y los jóvenes agredidos.
«Este caso refleja a un Estado que viola derechos humanos al criminalizar, estigmatizar, detener arbitrariamente y encarcelar a quienes ejercen los DH, entre ellos, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión; y por otro lado también refleja un Estado que es omiso en su responsabilidad de proteger el derecho humano a la vida y a la integridad física», denunció Comité Cerezo.
En este sentido, la organización señaló mediante un comunicado que “el gobierno de Michoacán intenta lavarse las manos al manejar el intento de homicidio”, aunado a que ningún funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán se ha acercado a la familia de Rosa Hernández y ningún funcionario ha asumido la responsabilidad que tienen en este caso; incluso los funcionarios del hospital han intentado por diversos medios no informar a la familia del estado real de la universitaria.
Por ello, integrantes de diversas organizaciones sociales realizaron una manifestación el 15 de abril ante la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir que dicho organismo atraiga la investigación sobre el atropellamiento de 12 estudiantes.
De igual forma, las y los manifestantes censuraron la actuación de diversos medios informativos, quienes en su opinión han emprendido una campaña de odio para justificar el hecho de que una persona atropelle a un grupo de manifestantes, e incluso pidan la liberación del responsable por considerarlo un «héroe».
La responsabilidad del gobierno
La violación por omisión al derecho a la vida fue realizado por funcionarios de la Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán, pues un funcionario de nombre José Reséndiz le dijo al representante del FNLS: “Deja de estar diciendo pendejadas, para qué andan de revoltosos, ¿a poco nosotros los trajimos a manifestarse?”
Hay violaciones al derecho a la Justicia, debido a que el Ministerio Público se negaba a levantar una averiguación previa contra el responsable de estos hechos. Después de que la familia y las organizaciones insistieran fue que se logró levantar la averiguación APT105/2014-6-1, la cual a pesar de las imágenes y videos que demuestran la alevosía y ventaja en el intento de homicidio, quedó asentada por el delito de lesiones y lo que resulte.
Por otro lado, las autoridades del Hospital de la Mujer se han negado a informar el estado de salud de Rosa Hernández, y el 12 de abril se entregó un documento sin validez oficial que no permite saber el estado actual de la víctima.
Ante ello, Comité Cerezo señaló “hacemos responsables a los funcionarios de salud del Estado de Michoacán por las consecuencias de no tener la información que pudiera permitir otra valoración médica que ayudara a Rosa Hernández Reyes”, y exigen al gobierno de Michoacán, al federal y a la CNDH que se tomen medidas para garantizar la atención médica adecuada, además de dar seguimiento a la averiguación previa.