*La jueza encabezó el proceso de genocidio contra el ex mandatario Efraín Ríos Montt
México, D.F.- El pasado viernes 5 de abril trascendió en medios de comunicación que la jueza Yassmín Barrios fue suspendida de su cargo por un año. También se le impuso una multa por considerar que su actividad al frente del Tribunal Primero de Alto Riesgo en Guatemala “constituye una injerencia indebida en el ejercicio de la judicatura y amenaza el principio de independencia judicial en este país”.
Es importante recordar que la jueza Barrios ha encabezado el control judicial de diversos casos importantes en Guatemala, como el del obispo Juan Gerardi y el más reciente, el proceso por genocidio contra el ex mandatario Efraín Ríos Montt. Fue precisamente este caso el que, con la sentencia condenatoria por el delito de genocidio, ocasionó la molestia de algunos sectores de la población guatemalteca. Abogados de los enjuiciados que trataban de retrasar el proceso con prácticas dilatorias y que en su momento fueron sancionados por la jueza Barrios, interpusieron una denuncia en contra de ella.
No podemos olvidar que el pueblo maya ixil, tras ser víctima crímenes de lesa humanidad durante el periodo de Ríos Montt, había conseguido llevar el caso ante instancias internacionales, dictándose incluso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la etapa de cumplimentación del juicio en el orden jurídico nacional, varias víctimas y familiares rindieron sus testimonios ante el Tribunal que determinó sentenciar a Ríos Montt por el delito de genocidio. Sin embargo, dicha sentencia fue revocada por la Corte Constitucional guatemalteca retrotrayendo el juicio a su etapa inicial.
Las organizaciones de derechos humanos firmantes, ven con preocupación que el proceso transicional en Guatemala haya resultado accidentado y que en lugar de sancionar a los responsables de crímenes contra la humanidad, se separe a una jueza por dictar una sentencia contra un ex mandatario, y ahora incluso sea sancionada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Acciones como estas vienen a cortar los procesos de democratización, de instauración de estado de derecho y de verdad y reparación a los familiares de las víctimas, en un momento donde se necesitan estas experiencias de justicia en la región.
Queremos resaltar que en relación a este tipo de riesgos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido que “tanto los jueces titulares como los jueces provisorios no puedan estar sujetos a remoción discrecional” , pues “[e]llo preserva la independencia interna de los jueces, quienes no deben verse compelidos a evitar disentir con el órgano revisor de sus decisiones, el cual, en definitiva, sólo ejerce una función judicial diferenciada y limitada a atender los puntos recursivos de las partes disconformes con el fallo originario.” Esto constituye una clara pauta para el actuar de los Estados que han aceptado la jurisdicción de esta Corte, como el Estado de Guatemala.
Por todo lo anterior las organizaciones esperan que esta decisión sea revertida y se ordene la reincorporación de la jueza Yassmín Barrios al Tribunal Primero de Alto Riesgo.
Las organizaciones firmantes son: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Fundación Diego Lucero, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Nacidos en la Tempestad, Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, Nacidos en la Tempestad, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Red TDT y la Unión de Madres con Hijos de Desaparecidos de Sinaloa.