*La Misión de Observación de Veracruz denunció vacíos en la investigación que podrían dejar en libertad a detenidos
Por Olivia Vázquez Herrera
México, D.F.- El día de ayer las y los periodistas y organizaciones que viajaron a Coatzacoalcos, Veracruz —del 15 al 17 de febrero— para documentar el asesinato de Gregorio Jiménez, presentaron los resultados de la Misión de Observación donde se dan a conocer las omisiones cometidas por las autoridades en el caso así como las condiciones en que laboraba el reportero, constatando una vez más que Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo.
Tras haber tenido acceso al expediente del caso, María Idalia Gómez, integrante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que las instancias veracruzanas encargadas de la investigación insisten en descartar la profesión de Goyo —como lo conocían familiares y amigos— como móvil de su secuestro y posterior asesinato, pese a que testigos, e incluso los detenidos, señalaron que éstos en todo momento se refirieron a Gregorio como “el fotógrafo” o “el reportero”.
De igual forma, la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJV) no explicó nunca cómo se llevó a cabo el proceso para la búsqueda de Gregorio tras recibir la notificación del secuestro. La periodista tampoco se explica cómo es que la policía demoró tanto tiempo (40 minutos) en llegar a la casa de Jiménez “cuando a escasos 800 metros había un retén policiaco”, dijo.
Asimismo, “en el expediente no se explica cómo descubrieron quiénes eran los responsables, cómo los ubicaron y cómo llegaron a la casa de seguridad en la que supuestamente permaneció Gregorio y a las fosas clandestinas donde encontraron su cuerpo” precisó el informe.
Además, la Misión de Observación expusó que la Procuraduría veracruzana basó toda la investigación únicamente en las confesiones de los seis detenidos, (incluso se presume que tres de ellos fueron torturados para autoinculparse), es decir, que no verificaron la información: “Faltan órdenes de cateo, pruebas y dictámenes periciales (…) No existen certificados médicos que acrediten su situación física y mental antes y después de rendir su declaración”, precisa el documento.
Ante la falta de dichas pruebas, María Idalia Gómez declaró que existe la posibilidad de que los detenidos sean liberados y que la procuraduría cierre el caso. Es por ello que la Misión de Observación demandó a la FEADLE “hacer uso de todos sus fundamentos jurídicos para atraer la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste procese y sancione a los responsables”.
En este sentido, las y los periodistas así como las organizaciones hicieron un llamado en primer lugar a la PGJV para que reconozca que el asesinato de Jiménez se vincula con su labor periodística y subsanar las fallas que reportó la Misión de Observación en el informe. Pidieron además agotar la línea de investigación sobre el trabajo de Gregorio y solicitaron el acceso a otros expedientes de asesinatos y desapariciones de periodistas en el estado; a la FEADLE le solicitaron una explicación de por qué no atrajo inmediatamente el caso de Goyo.
Exigieron también a los tres niveles de gobierno que reconozcan públicamente la situación adversa que enfrentan las y los periodistas en el país, principalmente en Veracruz. Asimismo, instaron a brindar medidas de seguridad para la familia del reportero así como generar un fondo permanente de apoyo para familiares de comunicadoras y comunicadores asesinados y desaparecidos que esté bajo supervisión de la sociedad civil y periodistas.
De igual forma recomendaron al gobierno veracruzano “tipificar como delito grave las acciones que de quienes obstruyan, impidan o atenten contra periodistas, instalaciones de medios de comunicación y cualquier otra persona que ejerza sus derechos de libertad de expresión y de información”.
Finalmente hicieron un llamado a las empresas periodísticas para que traten como profesionales a las y los comunicadores y garanticen su seguridad a través del cumplimiento de sus derechos laborales. De igual forma pidieron a los diarios donde trabajaba Gregorio —Notisur y Liberal del Sur— dar una manutención a la familia de su reportero y al gremio periodístico en general que no permanezca ajeno ante las agresiones y que genere protocolos de seguridad.
Es importante mencionar que la Misión de Observación que realizó labor de campo y de investigación está conformada por 16 periodistas de las organizaciones Reporteros sin Fronteras, Periodistas de a Pie, Casa de los Derechos de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa así como de comunicadoras y comunicadores independientes.