*Artículo 19 documenta que 2013 fue el año más violento para el gremio
Por Olivia Vázquez Herrera
México, D.F.- El día de ayer Artículo 19 presentó su tercer informe anual Disentir en silencio: Violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013, donde se da a conocer el contexto adverso y poco seguro en que las y los periodistas de nuestro país desempeñan sus labores, así como la situación por la que atraviesa actualmente la protesta social, derecho fundamental que constantemente es criminalizado por el Estado: “Nos encontramos en un momento de descomposición del tejido social donde el gobierno no puede salvaguardar el derecho a la información”, señaló el escritor y periodista Juan Villoro.
Darío Ramírez, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 declaró que cada 26.5 horas una o un periodista es agredido en nuestro país y que en 2013 la organización documentó 330 agresiones a periodistas —59 por ciento más que el año anterior— y de las cuales 59 corresponden a mujeres: dichas cifras son las más altas desde 2007, por lo que “el 2013 evidenció que el Estado mexicano no cumple con sus obligaciones para prevenir, respetar y garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión”.
También precisó que los estados más peligrosos de México para ejercer el periodismo son el Distrito Federal, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila, Baja California, Guerrero y Veracruz, esta última entidad suma ya 10 asesinatos de comunicadoras y comunicadores únicamente durante la gestión del actual gobernador, Javier Duarte.
Darío Ramírez mencionó además que —en el caso de las agresiones, amenazas y hostigamiento— las y los principales perpetradores de la libertad de expresión son funcionarios públicos. Respecto a los asesinatos de las y los comunicadores, en tres de los cuatro casos, la delincuencia organizada fue responsable de los actos.
Pese a que actualmente en nuestro país existe un Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas y una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), las agresiones en contra del gremio han ido en aumento, lo que deja ver las deficiencias tanto orgánicas como de atención y seguimiento de casos: “Tenemos un mecanismo que hace regateo por medidas de protección y funcionarios públicos que denigran a quienes presentan casos”, puntualizó Ramírez”.
Durante 2013 —primer año de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo y de Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal— Artículo 19 documentó más de 60 agresiones a periodistas durante protestas, así como detenciones arbitrarias y golpes a civiles y defensoras y defensores de derechos humanos. Durante dichas movilizaciones, “las autoridades optaron por el camino de la represión y la confrontación directa”, precisa el informe.
El director de la organización agregó que “la protesta es fundamental para nuestra sociedad, sobre todo en una donde el Estado no responde (a las demandas de sus habitantes)”, por lo que reprobó las acciones que las autoridades y algunos medios de comunicación han emprendido con el fin de presentar ante la ciudadanía a la protesta como un acto delictivo o negativo que afecta los derechos de las personas.
En este contexto, Juan Villoro expresó que el periodismo actualmente es una actividad riesgosa pues “la verdad es una amenaza para la impunidad”, y que “son los poderes aparentemente legales y los negocios aparentemente acreditados los que más se sienten amenazados por el ejercicio del periodismo”, puntualizó. Asimismo, hizo un llamado a Enrique Peña Nieto para que genere mejores condiciones para las y los periodistas y exigió una respuesta a las agresiones cometidas contra el gremio.