México, D.F.- Luego de permanecer tres años y medio en prisión injustamente, cinco jóvenes juarences recuperaron su libertad el pasado 7 de marzo del 2014. Se trata de Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí.
Recordemos que en agosto del 2010, en una emboscada contra agentes de la Policía Federal en Ciudad Juárez, se detonó un “coche bomba” donde murieron o fueron heridos varios agentes y civiles. A raíz de la repercusión, las diferentes fuerzas policiacas y militares se dieron a la tarea de encontrar a los responsables de este acto: levantando gente inocente, cometiendo abusos y torturando a un número indeterminado de personas para la fabricación de culpables, incluidos los ahora liberados.
Ayer, en conferencia de prensa en el Centro Prodh, Diana Morales, del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, destacó que este caso es paradigmático, pues representa parte de las consecuencias de la guerra “calderonista” contra el crimen organizado, donde militares y policias cometieron las peores vejaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) que sigan las indagatorias para que se sancione a los responsables del delito de tortura a los cinco jóvenes; que se lleve a cabo la recomendación 75/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y que el Estado favorezca para que se dé la reparación integral de las víctimas.
Asimismo, la organización juarence pide que el Estado instruya a las fuerzas policiacas y de investigación a abstenerse de ejercer tortura y malos tratos a las y los detenidos, tal como lo establece la Constitución y los tratados internacionales en la materia; y que se elimine la figura del arraigo.
Cabe señalar, que el proceso judicial de los cinco jóvenes estuvo plagado de irregularidades, a tal grado que las autoridades tuvieron que cambiar los cargos al no poder sustentar su participación en el atentado del «coche bomba». A los jóvenes se les aplicó en diferentes momentos, tres protocolos de Estambul para demostrar que fueron torturados desde su aprehensión, siendo el último protocolo, aplicado por PGR con el que consiguen su liberación. Esto también fue resultado del compromiso de respetar dicho diagnóstico por parte del procurador de la República, Jesús Murillo Karam, en una reunión que se tuvo en octubre del 2013.
Los jóvenes liberados estuvieron ayer en conferencia de prensa junto con activistas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).