*La indígena náhuatl falleció luego de ser violada por militares; Felipe Calderón atribuyó la muerte a una gastritis
México, D.F- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano información sobre la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl, quien falleciera hace siete años a causa de una violación tumultuaria por militares en el estado de Veracruz, señalaron el Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos AC (AJDH).
Las organizaciones presentaron en 2011 el caso ante la CIDH por las violaciones que sufrió Ernestina “por su condición de mujer indígena, su derecho a vivir libre de violencia y discriminación, y por la omisión del Estado de adoptar políticas orientadas a que Ernestina viviera una vida digna, tuviera atención oportuna de su salud y a que se le protegiera judicialmente por las afectaciones sufridas”, señaló un boletín de prensa emitido por las y los defensores.
Carmen Herrera y Julia Suárez, integrantes de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, dijeron que en noviembre de 2013 recibieron una notificación de la CIDH respecto a que el caso está en etapa de admisión y que consultará al gobierno mexicano para que dé observaciones.
A decir de las agrupaciones, el Estado no protegió a Ernestina Ascencio ni le garantizó justicia, por lo que violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém Do Pará.
Patricia Benítez, del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Litigio Estratégico, y Julio Atenco, de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, subrayaron que el caso no se puede olvidar.
Los hechos
El 26 de febrero de 2006, Ernestina Ascensio Rosario, indígena náhuatl de 73 años de edad, fue encontrada “por sus familiares en el paraje donde cuidaba sus animales, desvanecida y sangrando, con sus ropas desordenadas, señalando que se le habían echado encima los soldados. Ella falleció horas después al no encontrar atención médica oportuna”, señalaron las organizaciones.
Pese a que el hecho fue denunciado y se abrió la investigación correspondiente, el gobierno del entonces presidente, Felipe Calderón atribuyó la muerte de Ernestina a una gastritis y no a lo señalado por familiares, organizaciones e incluso autoridades.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asumió indebidamente funciones de ministerio público y confirmó lo anterior. Ante dicha resolución, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz concluyó que no había delito que perseguir y archivó el expediente.
Las organizaciones que acompañan el caso emprendieron de inmediato acciones jurídicas mediante la solicitud de información al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información sin qué esta instancia entregara la totalidad del expediente de averiguación previa. Es por ello que, ante la negativa de las instituciones veracruzanas y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentaron el caso ante la CIDH.
14/OVH