Por Olivia Vázquez Herrera
México DF.- De enero a junio de 2013, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes—integrada por 12 organizaciones— registró alrededor de 21 mil personas en siete distintos albergues del país de los cuales 93 por ciento son hombres y 7 por ciento mujeres. Las personas registradas provienen de Honduras (44 por ciento), El Salvador (27 por ciento), Guatemala (20 por ciento), México (6 por ciento) y Nicaragua (3 por ciento).
Es por ello, que en el contexto del Día Internacional de las Personas Migrantes, las organizaciones presentaron el informe “Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México” donde recopilan testimonios directos de personas migrantes centroamericanas —principalmente— que han pasado por territorio mexicano en el primer semestre de este año.
En “Narrativas de la transmigración centroamericana” se presentan testimonios directos de personas migrantes que han sido víctimas de la delincuencia en nuestro país, así como de violaciones a sus derechos por parte de funcionarios públicos, pues “detrás de cada registro, hay una historia de vida”.
Juan Pablo Silva, del Albergue Decanal Guadalupano de Tierra Blanca Veracruz, mencionó ayer en conferencia de prensa realizada en el Centro Prodh, que los principales delitos a los que están expuestos las y los migrantes en su paso por México son robo, extorsión, secuestro, amedrentamiento y abuso de autoridad. Expresó también que los derechos más perpetrados son el de la propiedad privada, libre tránsito, integridad física y libertad personal. Silva agregó también que los estados más violentos para las y los migrantes son Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
Por otro lado, la hermana Nelly Ríos, de la Casa del Caminante Palenque Chiapas, comentó el difícil camino de las y los migrantes al cruzar territorio mexicano: “Viajar en el tren —“la Bestia”— no es fácil (…) Antes tenían que bajar si no pagaban (…) Hoy son golpeados, maltratados y asesinados si no pagan las cuotas —de entre 400 y 500 dólares— que les exigen personas encapuchadas para poder viajar”, declaró.
Por su parte, el Padre Alejandro Solalinde, director del albergue “Hermanos en el Camino”, declaró que nos encontramos ante un “holocausto”, pues las y los migrantes salen de sus países a causa de la violencia y que al llegar a México el panorama no es favorecedor pues están constantemente expuestos a la delincuencia y a violaciones a sus derechos, para finalmente —si es que llegan— “completar el holocausto en Estados Unidos llenando las cárceles”, agregó.
Solalinde expresó que el gobierno mexicano es “culpable por omisión” de todos los delitos que se cometen en contra las y los migrantes, defensoras, defensores y periodistas que se solidarizan con ellos. Exigió además, que el Estado reconozca que “existe una crisis en los países de Centroamérica que obliga a las personas a migrar y que las deja en una situación vulnerable”.
Finalmente, las organizaciones que conforman la Red exigieron también que el gobierno “haga mayores esfuerzos para que la Ley de Víctimas contemple acciones de protección más efectiva”, y que el Plan Especial de Migración que está elaborando la Secretaría de Gobernación realice acciones para prevenir, atender, castigar y reparar el daño de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos de personas migrantes en tránsito por México.