Por Olivia Vázquez Herrera
México DF.- A cuatro meses del asesinato del defensor ambiental Noé Vásquez, integrantes del Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), convocaron a conferencia de prensa para exigir claridad en el proceso legal así como para pedir al gobierno veracruzano que frene el proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal, motivo por el que presuntamente privaron de la vida al defensor.
Guadalupe de Jesús Salcedo, pareja del defensor asesinado, comentó que si bien, hay tres detenidos por el homicidio de su esposo, no será sino hasta el próximo 7 de febrero que dé inicio el juicio oral. Sin embargo, en el documento se menciona que “los inculpados están solicitando un amparo indirecto contra la vinculación (…) Argumentan que su detención fue ilegal”, pese a que todas las pruebas presentadas demuestren su participación en los hechos.
Las organizaciones defensoras exigieron a los gobiernos federal y estatal que “no se desestimen las pruebas que inculpan a los tres hombres detenidos y que se realice una exhaustiva investigación para hallar a los autores intelectuales y a todo aquel que esté vinculado a este crimen”. Además, pidieron que se garantice la seguridad tanto de la familia de Noé como al testigo menor de edad, y de las y los integrantes del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre.
Es preciso recordar que el defensor socioambientalista formaba parte del Colectivo Regional Defensa Verde y de Mapder, organizaciones que, junto con La vida, hasta la fecha se encuentran defendiendo los derechos de las y los habitantes afectados por el proyecto hidroeléctrico denominado El Naranjal, perjudicaría a los municipios de la cuenca del Río Blanco en Veracruz.
Dicha hidroeléctrica representa una amenaza para las y los pobladores de la región ya que desviaría el cauce del río a través de un canal, dejando sin el suministro del vital líquido a más de siete municipios. Además, dicha acción constituiría un delito debido a que el río se encuentra dentro del Área Natural Protegida de la Barranca de Metlac de Fortín y la cuenca hidráulica del Río Blanco hasta Cuitláhuac.
Pese a que el propio gobernador Javier Duarte tiene conocimiento del daño irreparable que conllevaría el proyecto —razón por la lo rechazó y decidió proteger el área en junio de este año—, la empresa sigue tratando de convencer, bajo un discurso de desarrollo y progreso, a las y los pobladores para que apoyen el megaproyecto y vendan sus territorios.
Es por ello que solicitaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que no autorice la concesión hídrica ni el uso del suelo para el megaproyecto. Finalmente, “como gesto a favor de la paz social de la región”, las y los defensores pidieron al gobierno de Veracruz así como al presidente Enrique Peña Nieto, la cancelación inmediata de El Naranjal.