*Opinión
Por Víctor Hugo Carlos/Centro Prodh
México, DF.- Está terminando el año, un año sumamente complejo para los derechos humanos y su manifestación más tangible en la vida de todas y todos. Como dicen por ahí “dimos dos pasos y regresamos tres”.
Visitando algunos lugares del país constatamos el sentimiento generalizado de que no estamos mejor que hace un año, incluso en algunos temas la situación es más dramática.
El sexenio de Calderón dejó el país lleno de cruces, de ausencias prolongadas, de inocentes en la cárcel y de una impunidad casi absoluta. La llegada de Peña Nieto no significaba mayor esperanza, pero sí la posibilidad, la incertidumbre tal vez, de que algunas cosas pudieran ser diferentes.
En Chihuahua, estado que visitamos recientemente, se muestran plenamente las consecuencias trágicas de la política de seguridad pública, inocentes en la cárcel y familias engañadas por un Estado que no les brinda ni certidumbre, ni justicia; una comunidad confrontada que busca reconciliación y esperanza para el futuro.
En Nuevo León y Coahuila, y muchas otras partes del país, se sigue exigiendo la aparición con vida de cientos, de miles, de personas que han desaparecido; no hay mecanismos adecuados de búsqueda y mucho menos de investigación, sanción a los responsables o leyes adecuadas.
El ataque, hostigamiento y asesinato de defensoras y defensores de la tierra y el territorio se sigue dando con total impunidad, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, son de los estados que presentan mayor incidencia en este tipo de situaciones.
La Ciudad de México es ahora una ciudad bajo un régimen policiaco de represión a la ciudadanía, se criminaliza la protesta social y se limita el acceso a espacios públicos.
Ni la cruzada contra el hambre, ni el incluir en el famoso Pacto por México el tema de derechos humanos, ha resultado en un avance en la materia.
Ya los informes de Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) retoman lo que está pasando: en el primer año de Peña Nieto las violaciones a los derechos humanos no han cesado, la política de seguridad pública no ha cambiado. La seguridad ciudadana sigue siendo una aspiración de la sociedad sin reflejo en quienes tienen la obligación de desarrollar e implementar esas políticas públicas.
Los espacios de participación ciudadana están cada vez más limitados, no solamente se reprime la manifestación pública, sino como en el caso de Nuevo León, no se aprobó una ley que regulaba justamente esta participación.
La situación de las y los migrantes en tránsito por México sigue siendo de crisis humanitaria, por más denuncias, nacionales e internacionales, que se hacen el Estado Mexicano no es capaz de responder con una política que dignifique a la persona humana.
El Examen Periódico Universal (EPU) al Estado Mexicano muestra, al menos cuantitativamente, no sólo el nulo avance en la situación de los derechos humanos, sino el retroceso sufrido en los últimos años.
Algunos claros en medio de la oscuridad
La sociedad civil, sin embargo, no ha cesado en su lucha constante de contribuir en la construcción de una cultura democrática y de derechos humanos, en el sur y en el norte del país los esfuerzos continúan contra viento y marea.
El maestro Patishtán está libre, no porque el sistema judicial funcione, sino porque la exigencia de justicia no cesó durante años.
Israel Arzate está libre, no porque la fiscalía de Chihuahua hubiera admitido su sin razón, ni porque los militares hubieran reconocido la tortura que le infringieron, sino porque organizaciones nacionales e internacionales y organismos de las Naciones Unidas documentaron e insistieron en las violaciones graves a sus derechos humanos y en su inocencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo eco de estos reclamos.
A las mujeres indígenas Alberta y Teresa les ha sido reconocido, por fin, después de varios años su derecho a la reparación del daño, daño provocado por autoridades federales que las acusaron falsamente de la comisión de un delito.
Los pueblos y comunidades, indígenas y campesinas, se siguen organizando no sólo entorno a la defensa de la tierra y el territorio, también en relación a su cultura, sus sistemas normativos, su autonomía.
En las ciudades, aunque en algunos casos aún de manera incipiente, los cuestionamientos sobre la legitimidad de un Estado que no es funcional para el bienestar de su población y no provee de mecanismos adecuados de acceder a la justicia o a los servicios básicos son cada vez más fuertes y organizados.
Los derechos humanos son progresivos, aunque el Estado reta constantemente este principio, también son dinámicos, se avanza y retrocede en su reconocimiento, no es un logro permanente porque quién detenta el poder lo amenaza continuamente. Es en este contexto en el que día a día, activistas, luchadores sociales, defensoras y defensores de derechos humanos realizan su misión de reivindicación de todo aquello que permita a la persona vivir y ser en plenitud, exigir justicia a pesar de todo, tener esperanza, sostenerse en la cotidianidad.
Desde aquí un reconocimiento a todas ellas y a todos ellos, nos acompañamos en esta labor que sin duda constituye una opción de vida.