México DF.- ARTICLE 19 señaló mediante un comunicado su preocupación ante los poderes legislativos federal y capitalino por regular y restringir las marchas, luego de que el pleno de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal (ALDF) aprobó recientemente el dictamen para reformar los artículos 123, 130, 241, mediante las cuales se incrementan las penas para quienes en el contexto de manifestaciones cometan los delitos de lesiones y homicidio dolosos contra autoridades.
La Asamblea Legislativa considera que la labor de los policías en las marchas “ha sido limitada en los últimos meses, y el respeto por la investidura que representan se ha rebasado con muestras de prepotencia y violencia hacia estos cuerpos policíacos, ocasionando con ello ataques a la paz pública, lesiones, amenazas, daño en propiedad ajena, robo, etcétera.”
Al respecto ARTICLE 19 recordó que las y los asambleístas pierden de vista, lo acontecido desde el 1º de diciembre, donde el cuerpo de granaderos ha incurrido en el uso desproporcionado e irracional de la fuerza: detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, limitaciones ilegítimas a la libertad de buscar y difundir información, entre otras.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio cuenta en su Recomendación 7/2013 de las violaciones a derechos humanos en agravio de 102 personas durante las manifestaciones del 1º de diciembre. Por otra parte, ARTICLE 19 documentó agresiones físicas y detenciones arbitrarias de periodistas y manifestantes el 1º de septiembre.
Debido al preocupante incremento de violencia contra la prensa ejercida por los policías capitalinos en el marco de protestas públicas, ARTICLE 19 impulsó una red de monitoreo para la marcha del 2 de octubre y como resultado publicó el informe ROMPE EL MIEDO. En dicho documento se exhiben con claridad las 46 agresiones contra la prensa, 32 de ellas perpetradas por granaderos y 3 por personas con comportamiento policial. En el mismo contexto, 5 observadores de derechos humanos pertenecientes al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez fueron agredidos por policías capitalinos, y emitieron el informe 45 años de impunidad conmemorados bajo represión estatal.
“A la luz de lo anterior, el argumento de los asambleístas capitalinos resulta contrafáctico y falaz, puesto que la violencia del Estado es la que prevalece en las marchas de los últimos 11 meses. Lo que debe ser verdadero motivo de preocupación es la falta de protocolos adecuados de actuación para la policía; la ausencia de investigaciones diligentes, imparciales y objetivas en contra de los servidores públicos que han vulnerado derechos humanos; y la utilización del sistema de procuración y administración de justicia para castigar a manifestantes y periodistas a través de imputaciones y juicios carentes de las reglas mínimas del debido proceso”, apuntó ARTICLE 19.
La apuesta por una regulación de la marchas resulta en sí misma riesgosa para el derecho a la protesta social. Con mayor razón la adopción de restricciones penales pone en peligro la libertad expresión, asociación y participación pública, mandando un mensaje de criminalización para inhibir la protesta. Además apuesta por un sistema de justicia inefectivo que no tutela las garantías de presunción de inocencia y defensa adecuada.
Al expresar el cuerpo legislativo capitalino que el agravamiento de penas es una “medida de prevención con el fin de evitar que se continúe agrediendo tanto física como verbalmente a los cuerpos policíacos”, se pretende victimizar a los agentes de seguridad cuyo actuar ha sido caracterizado por la arbitrariedad y la impunidad.
Para ARTICLE 19, la reforma penal contraviene los principios democráticos de legalidad e igualdad propios de un Estado de Derecho y se dirige a la construcción de un régimen de excepción para manifestantes. De esta forma se pretende dirigir el aparato punitivo contra quienes disienten públicamente sin reparar en las causas que originan la protesta, imponiendo un estigma delincuencial a los manifestantes e impulsando el uso político del sistema de procuración y administración de justicia.