Por Olivia Vázquez Herrera
Organizaciones de la sociedad civil reprobaron las agresiones y amenazas -principalmente por elementos de seguridad pública y autoridades- hacia las periodistas Carmen Olsen, directora del portal Rosarito en la Noticia así como a Silvia Núñez Hernández, directora del portal Noticias AGN Veracruz.
En el primer caso, Olsen presentó una denuncia por abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y lesiones, en contra del director y de elementos de Seguridad Pública del Quinto Municipio de Baja California, tras haber sido detenida –en enero de este año- mientras indagaba sobre la detención de unos jóvenes que eran golpeados.
Los responsables de la detención impidieron que la periodista llevara a cabo su labor y ésta, al verse amenazada por los policías, ingresó a su automóvil –del que había descendido momentos antes para cuestionar sobre la detención de los jóvenes-. Sin embargo, los elementos de seguridad ya mencionados intentaron sacarla de vehículo a través de forcejeos, golpes y amenazas.
En un comunicado emitido por La Red Nacional de Periodistas, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Comunicación e Información de la Mujer A.C y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Carmen Olsen ahora enfrenta dos denuncias por parte de los policías que meses antes la agredieron: la primera por difamación y calumnia, y la otra por ultrajes a la autoridad.
Por otro lado, la periodista Silvia Núñez denunció el hostigamiento del que es víctima por parte de miembros de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz. Además, declaró que el portal de noticias AGN Veracruz, del cual es directora, recientemente ha sido blanco de ataques cibernéticos.
También agregó que el Gobierno de Veracruz la considera una ”informadora incómoda”, motivo por el cual es constantemente vigilada por policías afuera de su casa; hecho que para Silvia representa una gran preocupación pues “esto puede ser el antecedente de peores amenazas”.
En un comunicado emitido por la periodista, señala que es normal que el gobierno estudie los movimientos de los periodistas para después proceder con un “levantón” o bien, robando en la casa del “incómodo”.
De acuerdo al Informe Diagnóstico de Violencia contra mujeres periodistas en México, el número de agresiones hacia informadoras ha ido en aumento sin que se haya logrado un avance visible en su protección, prueba de ello es la falta de seguimiento y análisis de los casos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Reducen medidas de seguridad hacia defensora
Otra denuncia fue realizada ayer por la defensora de Derechos Humanos, María Luisa (Malú) García Andrade, quien señaló que el gobierno federal redujo las medidas de seguridad otorgadas.
La activista responsabilizó al Estado mexicano de cualquier acto de violencia o agresión contra ella o su familia, pues lejos de protegerla le ha ido reduciendo el número de escoltas asignados para su resguardo.
En marzo del año pasado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos decretó la ampliación de medidas cautelares a favor de su madre Norma Esther Andrade, sus sobrinos Jade García Andrade, Kaleb García Andrade y sus hijos Sarahí Bustos Andrade y Brayan Bustos Andrade.
En 2012 tras abandonar Ciudad Juárez, Chihuahua, a raíz del atentado contra su madre, Norma Andrade –fundadora de Nuestras Hijas–, a ambas defensoras les fueron asignados 12 escoltas, número que se ha ido reduciendo y ahora –a decir de Malú– sólo cuentan con seis de ellos, sin explicación alguna de las autoridades.