Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer una reunión de trabajo en su sede en Washington D.C., con personas migrantes y sus defensores que laboran en las casas de migrante de Tenosique, Tabasco (Hogar-Refugio “La 72”) y Saltillo, Coahuila (Casa del Migrante de Saltillo), mismas que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión. Participó una delegación del Estado mexicano misma que recibió las propuestas de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las medidas cautelares Fray Tomás González y Rubén Figueroa (La 72), Padre Pedro Pantoja y Alberto Xicotencatl (Casa del Migrante de Saltillo), acompañados por representantes de Propuesta Cívica y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, informaron a la CIDH de cómo los integrantes de la delincuencia organizada operan abiertamente para extorsionar a migrantes y amenazar a sus defensores; que integrantes de la mismas corporaciones policiacas extorsionan y torturan a migrantes; y de la falta de investigaciones profesionales para poner fin a tales prácticas.
De parte de la CIDH, estuvieron presentes los comisionados Rodrigo Escobar Gil y Felipe González, así como personal de la Comisión, quienes expresaron su preocupación por la situación de desprotección de las casas de migrantes beneficiarias, recalcando que el problema no se soluciona solamente con medidas de infraestructura o de seguridad de las casas, sino poniendo fin a la impunidad que gozan quienes son la fuente de las amenazas y a la colusión de algunas autoridades con el crimen organizado.
Ante las propuestas planteadas por las personas benficiarias en el sentido de crear entidades especializadas para atender las denuncias, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila se comprometieron a establecer mesas de investigación para dar seguimiento a la problemática (autoridades del gobierno de Tabasco no participaron). Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) mencionó la necesidad de mejorar la coordinación de autoridades federales y estatales y de establecer protocolos específicos para los dos casos de medidas cautelares bajo análisis, como implementar políticas para combatir la crisis de seguridad en la ruta migratoria, mediante un diálogo con la sociedad civil nutrido, entre otros, por la pronta publicación del informe de la CIDH sobre la visita a México de la Relatoría para Trabajadores Migratorios y sus familias.
Las casas de migrante y sus representantes, darán seguimiento a las propuestas y compromisos presentados en Washington e informarán a la Comisión Interamericana sobre los resultados de los mismos antes en el mes que viene.