*Opinión
Por Fernando Ríos/Centro Prodh
México, DF.- Recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó en un estudio que México es el segundo país en el continente en acumular conflictos socioambientales. Esto es resultado de las acciones de las empresas mineras: hay muy altos niveles de contaminación del agua y del ambiente; restricción o escasez del agua por la ingente cantidad requerida en los procesos de extracción de los metales; nula consulta a los pueblos como establece el Convenio 169 de la OIT; desplazamiento, en su mayoría forzado por el despojo del territorio; y la violación sistemática a los derechos humanos.
Aunado a esto, Carlos Slim Helú, el hombre que ya nos hemos acostumbrado a ver en la revista Forbes como el primero o segundo hombre más rico en el mundo, resulta que tiene inversiones muy importantes en la industria extractiva. Parece que no es suficiente con el poderío que tiene.
La empresa Frisco es propiedad de Slim, y tiene proyectado para este año iniciar 11 proyectos. En la página web de la empresa afirma que sus operaciones están orientadas a la exploración y explotación de yacimientos minerales en diversas entidades de la República mexicana: “producimos concentrados de plomo, zinc y cobre, así como de plata y oro y cobre catódico, vendemos nuestros productos en México y en el extranjero”.
Al cierre del año 2010 en Minera Frisco contaba con Unidades Mineras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes. Tienen proyectos de expansión y de explotación en otros estados de la República, anuncia el portal de la empresa.
Los conflictos socioambientales a los que alude la Cepal son por oposición al sistema hegemónico. En días pasados, se dio una expresión simbólica muy importante en contra de una de las minas de Carlos Slim en Tetela de Ocampo, Puebla. En este municipio ubicado en las montañas del norte de Puebla se aprobó el impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que autoriza el inicio de la producción minera de oro y plata por parte de la empresa Frisco. Y por esto es que de una forma inédita en esta comunidad, se reunieron más de 5 mil personas para protestar ante esta aprobación y para clausurar de manera simbólica la mina Espejeras.
El contingente recorrió el camino que va de la plaza principal de Tetela a la entrada de la mina, pronunciando un categórico “no a la mina”.
Estas acciones de resistencia, cada vez más comunes en nuestro país, están creando un nuevo sentido contra el despojo y la barbarie que producen las empresas mineras. Se trata de expresiones que van siendo nuevas en las comunidades y al mismo tiempo, repetidas en diferentes espacios; todas ellas tienen en común la búsqueda por diseñar el futuro desde las comunidades y no la imposición legalizada que se les pretende imponer.
La desmesura de la industria extractiva que arrasa con todo a su paso, va buscando nuevas regiones constantemente. Una parte considerable del país se encuentra concesionada a empresas especialmente canadienses que no toman en cuenta el impacto ecológico y social de sus acciones. Los conflictos entre las empresas mineras y las comunidades se cuentan por decenas, podemos citar por ejemplo, el de Xochicalco, Morelos; San Francisco Ocotlán y Magdalena Teitipac en Oaxaca; o la Sierrita en Durango.
No se trata de buscar el desarrollo como pueden aducir algunos políticos o empresarios sino de aumentar el capital de unos cuantos. ¿Cuánto es viable esperar que aumente la millonaria fortuna de Carlos Slim y de los hombres forbes? ¿Cuál es el costo social y ambiental que se debe padecer?