Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF.- Cada año, las casi 400 mil personas provenientes de Centroamérica que cruzan la frontera sur de nuestro país en busca de una mejor calidad de vida, se convierten en un sector tendente a sufrir violaciones a sus derechos por partida doble, pues son discriminados por el simple hecho de ser migrantes, pero también por su origen étnico.
Es importante señalar que aunado a esto, si la discriminación y la exclusión son aceptadas socialmente como algo cotidiano y además, provienen de las autoridades, entonces se cae en una contradicción, pues las autoridades son las encargadas de proteger a la población, así como de generar un ambiente adecuado para la convivencia en sociedad.
Actualmente, el Distrito Federal ha dejado de ser una escala en la ruta de las y los migrantes centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos, para convertirse en un punto de mayor presencia y temporalidad para este sector de la población.
En un informe llamado Migrantes. Análisis de la situación de los derechos humanos de las personas de origen extranjero en la ciudad de México 2007-2012, presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se explica que las personas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice son quienes más sufren violaciones a sus derechos humanos en territorio mexicano.
De acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entre 2007 y 2010 se tienen registradas, simplemente en la Ciudad de México 3 mil 938 denuncias por delitos cometidos a personas migrantes, de las cuales 3 mil 210 corresponden a daños patrimoniales (robo y fraude), 136 por lesiones, 91 por falsificación de documentos, 65 por daños a propiedad ajena, 59 por amenazas, 54 por pérdida de la vida; y las 323 restantes distribuidas entre otros delitos de menor incidencia.
La CDHDF reportó también, que en el periodo que va de octubre de 2006 al primer semestre de 2012, se registraron casi 300 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de personas migrantes, cometidas por autoridades locales. Destacan delitos como la privación de la libertad así como la violación a derechos como la seguridad jurídica, al debido proceso y garantías judiciales así como a la integridad personal.
Las instancias con mayor número de menciones en dichas quejas son la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SGDF), la PGJDF, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), así como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Las y los migrantes que pasan por el Distrito Federal se encuentran expuestos a extorsiones, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. En el informe se puede apreciar el modus operandi de quienes violentan sus derechos: en primer lugar, al llegar a las centrales de autobuses son abordados por personas que se identifican como policías, a lo que procede un interrogatorio sobre su origen.
Posteriormente “al darse cuenta de que son de Centroamérica y que además carecen de documentos migratorios en regla, los extorsionan para que entreguen en promedio 2 mil pesos…”, todo esto para que “no los deporten a su país de origen”. Sin embargo, si las personas no cuentan con dicha cantidad, son llevados a los baños para desnudarlos, agredirlos y despojarlos de sus identificaciones así como de las pocas pertenecías que llevan consigo.
La constante en este tipo de presuntos delitos es la falta de denuncia, pues “las personas migrantes son amenazadas con ser deportadas si denuncian lo sucedido, de modo que para la Comisión resulta difícil continuar con la investigación y documentación de los hechos”, expresa el informe.
Finalmente, el escrito menciona que si bien la magnitud de las problemáticas derivadas del paso de migrantes por la ciudad no se comparan con las de otras entidades que se encuentran dentro de la ruta, sí es importante tener en cuenta las particularidades en el tipo de violaciones a los derechos de las personas migrantes, pues, aunque se han creado leyes específicas que los protegen, éstas no han sido del todo efectivas para la alcanzar una total inclusión, por lo menos en el Distrito Federal.