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México DF.- El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo internacional de supervisión por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a los 192 estados miembros. Éste se lleva a cabo cada cuatro o cinco años. El primer EPU a México fue en 2009, esta semana se aplicará la segunda evaluación.
El próximo miércoles 23 de octubre el Estado mexicano presentará su informe en el que detalle las acciones realizadas para dar cumplimiento a las 91 recomendaciones recibidas en 2009 y, al mismo tiempo, reciba la evaluación y nuevas recomendaciones que hará el organismo basándose en el respectivo informe que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humano entregó al Consejo.
Cabe destacar, que en 2009 México recibió 91 recomendaciones, pero ocho fueron rechazadas diciendo que ya se estaban en marcha algunas acciones.
Este 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto llega al EPU con una larga lista de críticas y pendientes en materia de derechos humanos.
Desde el mes de junio las organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalaron en un informe general que el Estado mexicano no sólo ha fallado en el cumplimiento de las recomendaciones, sino que el contexto de violencia generalizada en el país lo ha colocado en una situación de emergencia humanitaria, en la que se cuentan cerca de 100 mil personas asesinadas, 25 mil desaparecidas y cientos de miles de cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y/o asesinadas.
En el informe enfatizan que el Estado mexicano no ha creado ningún mecanismo incluyente para dar seguimiento a las recomendaciones recibidas. Igualmente, no se ha visto un cambio en las recomendaciones no aceptadas en el último EPU relativas al tema de fuero militar, arraigo y justicia transicional.
Las OSC realizaron un análisis minucioso donde se desarrollan los pendientes en materia de derechos humanos, como la contrarreforma para eliminar el principio pro persona; la crítica situación del sistema penitenciario mexicano; la seguridad pública y militarización; la desaparición forzada y tortura; las condiciones de pobreza y marginación de los pueblos indígenas; violaciones de derechos cometidas contra las personas migrantes, pendientes en materia de género, la carencia de políticas públicas hacia la juventud e infancia y las deficiencias para el acceso a la Justicia y Reforma Judicial.
Este reporte fue elaborado por 35 OSC y entregado a diversos gobiernos de Europa. Es con base en este documento, además del informe oficial del Estado mexicano, que el Consejo de Derechos Humanos realizará la evaluación a México.