México DF.- El pasado 21 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó su primera resolución de supervisión de cumplimiento en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, conocido como el caso de los Campesinos Ecologistas. En la resolución, la Corte declaró incumplidas varias de las medidas de reparación más trascendentales ordenadas en su sentencia de noviembre de 2010: los derechos a la integridad personal, libertad, protección judicial y otros en perjuicio de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
De acuerdo con la Corte IDH el Estado mexicano sigue sin cumplir reparaciones esenciales ordenadas en su sentencia. Dichas medidas tienen relación con la reparación de los daños con miras a garantizar que este tipo de violaciones a los derechos humanos no vuelva a ocurrir.
Al respecto, el Tribunal Interamericano destacó que todavía no se ha reformado el Código de Justicia Militar para garantizar que las violaciones a derechos humanos sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles, una reforma ordenada por la CoIDH en cuatro sentencias consecutivas contra México. En está ocasión la Corte recordó que “el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana” y reiteró la obligación de reformarlo.
Por otra parte, al cumplirse casi tres años desde la emisión de la sentencia, sigue sin cumplirse la investigación y sanción de los graves abusos cometidos en contra de las víctimas. En este sentido, la Corte indicó: “este Tribunal constata que a más de dos años de haberse iniciado la averiguación previa, se han realizado pocas diligencias judiciales tendientes a determinar a los presuntos responsables de los hechos del presente caso”. Ante ello, se “insta al Estado a que realice, dentro de un plazo razonable, las diligencias pendientes dentro de la averiguación previa”. Cabe recordar que en este caso está ampliamente documentada la tortura sufrida por las víctimas, además de que algunos de los responsables se encuentran plenamente identificados, por lo que a pesar de haber transcurrido 14 años desde los hechos, están disponibles todos los elementos para que avance la investigación.
Finalmente, la CoIDH reiteró la obligación del Estado de modificar sus registros de personas detenidas para evitar violaciones a derechos humanos. El Tribunal Interamericano seguirá monitoreando el caso hasta que el Estado mexicano haya dado cabal cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas en la sentencia.
Ante esto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante la CoIDH, exigieron que el Estado mexicano cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales y consecuentemente con la totalidad de las medidas que fueron ordenadas por dicho Tribunal.