México DF.- En el contexto del Foro Nacional sobre Delitos del Pasado, Crímenes de Estado en México realizado el 29 y 30 de agosto de 2013 en la Ciudad de México, las organizaciones convocantes se pronunciaron en torno a la necesidad y urgencia de que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Exigieron a las autoridades mexicanas la persecución, consignación y sanción de todos los servidores públicos que fungieron como represores, y la reparación del daño a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y sus familiares.
Señalaron que desde que fue creada la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en 2002 tras la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se iniciaron alrededor de 532 averiguaciones previas sobre distintos crímenes de lesa humanidad, tales como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, tortura, entre otros. Sin embargo, y un día antes de que iniciara el período presidencial de 2006 – 2012, dicha Fiscalía se cerró dejando en la incertidumbre legal todos estos procedimientos. Por el contrario, al ser trasladados los casos a la Coordinación General de Investigación (CGI) de la Procuraduría General de la República (PGR), ésta ha tenido como bandera la impunidad, al no investigar e incluso cerrar los casos por supuestas razones de “prescripción”.
Ante este clima general de impunidad, las organizaciones exigen al Estado mexicano que se operen los mecanismos adecuados para acceder a la justicia, mismos que comprenden la integración ministerial a cargo de la PGR, la consignación de los responsables, la judicialización de los casos, las sentencias que se emitan por el Poder Judicial y la reparación a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad así como a sus familiares.
Actualmente se reafirma el hecho de que lejos de existir una “transición a la democracia” en el año 2000, tras el cambio de partidos en la Presidencia de la República, se actualiza un llamado “pacto de impunidad”, como así lo han señalado diversas organizaciones y evidenciado la impunidad de estos casos. Las víctimas y sus familiares no han tenido participación en los mecanismos del Estado; lejos de ello, se les ha revictimizado por la poca sensibilidad y empatía que sus funcionarios han demostrado.
Es también evidente que el Estado quiere seguir ocultando la verdad de estos hechos, pero la memoria que pertenece en las víctimas y sus familiares, acompañada por la sociedad civil organizada, produce nuevos reclamos con las mismas exigencias de justicia. En un país donde no ha existido sanción a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, no existe una democracia plena.
Las organizaciones que emitiron el pronunciamiento son Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., el Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C., el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, la Fundación Diego Lucero, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Nacidos en la Tempestad, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Unión de Madres con Hijos de Desaparecidos de Sinaloa.