La reforma constitucional en telecomunicaciones que se promulgó en junio pasado, hace descansar en el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) buena parte del destino de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.
El pasado 9 de agosto el Comité de Evaluación entregó al ejecutivo federal las listas de aspirantes para integrar el Ifetel y la Comisión Federal de Competencia Económica, ambos con autonomía constitucional. Cada lista está conformada por cinco candidatos por cada uno de los siete lugares previstos para cada instancia.
Para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), resulta indispensable que las siete personas que encabezarán al Ifetel tengan experiencia e independencia suficiente, tanto del gobierno, partidos políticos y de las empresas a las que deberán regular. La propia reforma constitucional establece salvaguardas para esa independencia y un procedimiento que debería haber desembocado en una selección incuestionable.
De acuerdo con el comunicado de Amedi, los organismos encargados de ese proceso – Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Banco de México e Instituto Nacional para la Evaluación Educativa—, no actuaron con la transparencia y quizá tampoco con la imparcialidad que exigen la Constitución y que la ciudadanía merece, pues el resultado ha sido la presentación de listas, de entre las cuales serán seleccionados los nuevos comisionados, acaparadas por funcionarios y ex funcionarios que no tienen la diversidad política ni profesional que se requiere para conducir al Ifetel.
Otros aspirantes incluidos en las listas, han estado ligados a las empresas que ahora buscan regular. Personeros de empresas telefónicas, asesores de televisoras e incluso una ex directora de la Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión recibieron el beneplácito del Comité de Evaluación. Dicha selección contradice el recientemente reformado artículo 28 constitucional que establece que es indispensable: “no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto”.
Por otra parte, hay pocas personas especialistas en derecho de la información y, sorprendentemente, casi ningún ingeniero. Muchos funcionarios del gobierno anterior y del actual, entre ellos algunos de los responsables del estancamiento y la complacencia con intereses privados que han dominado en las telecomunicaciones, dominan en esas listas.
Por ello, Amedi exige que el Comité de Evaluación publique la relación completa de aspirantes que presentaron examen y las calificaciones, en donde debieron considerar experiencia y trayectoria.
Exhortaron ejecutivo nacional y al Senado de la República, para que asuman con toda responsabilidad esta selección y que propicien que el nuevo organismo regulador de las telecomunicaciones sea independiente de intereses políticos y empresariales. Lo contrario, sería una prematura y lastimosa contrarreforma.