Integrantes del pueblo yaqui acusaron ayer a los gobiernos estatal y federal de no acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consiste en realizar una consulta de autorización de impacto ambiental del proyecto Acueducto Independencia Sonora.
La sentencia de la SCJN, dictada el 8 de mayo pasado, resulta un hecho histórico puesto que hace un reconocimiento del derecho de consulta, información y participación de los pueblos indígenas en todas las obras de infraestructura que afecten sus derechos naturales y territorios.
“La decisión de la Corte resulta inédita para la protección de los pueblos indígenas, dado que incorpora estándares contenidos en tratados internacionales firmados por México desde hace décadas. Por tanto, resultaría lamentable que no se cumpliera siendo que este tipo de problemática de violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos indígenas en el caso de megaproyectos se replica a lo largo del territorio nacional”, dijo José Rosario Marroquín, director del Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Integrantes de la tribu yaqui informaron que hasta hoy se continúa con la construcción sin que se haya hecho la consulta con su pueblo; por ello, advirtieron que acudirán a Naciones Unidas a denunciar la discriminación hada su etnia y la violación de sus- derechos humanos.
“La tribu yaqui está compuesta por 45 mil personas, distribuidas en ocho pueblos y 56 localidades. El gobierno dice que Hermosillo tiene sed cuando nosotros históricamente hemos tenido sed aquí en esta tierra. A la fecha ningún miembro de la tribu yaqui tiene agua potable y sólo 30 por ciento de la población cuenta con agua entubada sin tratamiento”, señaló Mario Luna, secretario ejecutivo de la tribu yaqui.
Para no cumplir con la obligación de acatar las sentencias judiciales y quitar los permisos ambientales a la obra, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se escuda en una suspensión dictada por el ministro Pardo Rebolledo aunque ésta explícitamente señala que “esta medida cautelar no surtirá efectos en caso de que los actos que se pretendan ejecutar tengan como sustento algún mandato judicial”.
“Se está incumpliendo una sentencia definitiva del máximo tribunal en el país y eso, además de ser grave para el caso de la tribu yaqui, supone atacar las estructuras del estado constitucional pues se ataca la división de poderes, la independencia del poder judicial y supone un mensaje en el que el poder ejecutivo se coloca en una situación de poder absoluto, un poder sin control y además, se viola el derecho a la tutela judicial efectiva”, señaló Rodrigo Guerrero, investigador del Instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).