Autoridades agrarias de los pueblos zapoteca, mixteco, mixe, chontal, ikoots, mazateco, así como organizaciones civiles se reunieron la semana pasada con el fin de analizar las últimas reformas en materia agraria, proyectos y programas que atentan contra el territorio indígena, y construir espacios de articulación de defensa colectiva.
El encuentro se realizó en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, los días 11 y 12 de julio del 2013, en donde se congregaron más de 30 comunidades, convocadas por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios que reúne una de decena de organizaciones. Se abordaron los problemas que aquejan en las comunidades, ante las nuevas formas de violación a los derechos del territorio.
Entre las problemáticas que señalaron están las concesiones mineras, los proyectos de presas hidroeléctricas, la construcción de parques eólicos en el istmo oaxaqueño, los pagos por servicios ambientales, el arrebato de tierras comunales y ejidales y la presión hacia las comunidades por incorporarles programas gubernamentales que no tienen nada que ver con la forma de concebir la vida de las comunidades.
Por ello, las autoridades agrarias exigieron respeto a sus pueblos, a su autonomía, garantizando el ejercicio de sus formas y manifestaciones culturales, conocidas como sistemas normativos. Asimismo, coincidieron en que las reformas al artículo 27 constitucional, son cambios encaminados al despojo de los recursos naturales, pues abre las puertas legales a capital privado y extranjero en México.
Puntualizaron mediante un pronunciamiento, que a partir de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 se instrumentaron un conjunto de leyes reglamentarias, políticas y programas que atentan contra la integralidad de los territorios. Tal es el caso de la Ley Minera, Forestal, de Aguas Nacionales, de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otras, así como los programas Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) los cuales tienen la finalidad de fraccionar, dividir, privatizar y desaparecer los ejidos y comunidades del país. Estos programas han sido impuestos y, en las últimas dos décadas han sido el camino para la entrada de megaproyectos.
Exigieron respeto al artículo 27 que concibe al ejido y a la comunidad como propiedad social. Se manifestaron por la no privatización del territorio. Pidieron respeto al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado de cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en sus territorios, lo cual está consagrado en el Convenio 169 de la OIT.
Demandaron ser tomados en cuenta cuando se pretenda legislar en materia agraria. Asimismo, reprobaron las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal porque son impuestas por el Pacto por México, que quitan las voces del campesinado mexicano.
Están en contra de las formas de presión e intimidación del que hacen uso los gobiernos al introducirse a su territorio las empresas mineras. «Resulta paradójico que Oaxaca sea la entidad con más leyes en derechos humanos y derechos indígenas, pero es el estado con mayor agresión a pueblos indígenas», puntualizó el pronunciamiento.