*Opinión
Por Área Internacional/Centro Prodh
El próximo lunes 22 de julio el Estado mexicano deberá presentar su informe para el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), el cual será evaluado en octubre de este año. El informe del Estado deberá hacer referencia a los avances y retrocesos en materia de derechos humanos que se han visto en el país en los últimos cuatro años y medio; de igual manera deberá hacer un balance de la situación actual de derechos humanos en el país.
El proceso del EPU representaba un espacio valioso en el que la sociedad civil y el Estado mexicano, podrían haber trabajado la elaboración de un informe con perspectivas diversas en el que se plasmara de forma real y concreta el contexto de derechos humanos en México.
Experiencias de buenas prácticas como es el caso de Suiza dan muestra de que la consulta y la participación de la sociedad civil en la redacción de los informes estatales son elementos que enriquecen dichos informes, a la vez que se abren espacios de diálogo con los gobiernos.
Desafortunadamente en el caso de México la experiencia para este Examen Periódico Universal no ha sido así. El Estado no implementó mecanismos de consulta que proveyeran un espacio real de diálogo con la sociedad civil; el día 10 de junio de este año –faltando poco más de un mes para la entrega de su informe- el Estado convocó a una mesa de diálogo a la que denominó Foro de consulta sobre el tema de justicia y derechos humanos. Esta fue la primera acción de consulta que el Estado implementó para dialogar con la sociedad civil en el marco del EPU, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil recibieron la invitación cuatro días antes del evento.
Posterior a dicho foro, el 18 de junio el Estado convocó a una nueva mesa de análisis acerca de discriminación y violencia contra las mujeres. En ambos foros la metodología consistió en ponencias por parte de funcionarios del gobierno acerca de diferentes temas, participaciones de académicas y académicos; y un breve espacio de preguntas y respuestas para la sociedad civil. Diversas organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para expresar preocupación acerca de la metodología de las consultas y la falta de un espacio de verdadero diálogo con el gobierno mexicano.
El pasado 3 de julio el Estado convocó a una mesa de diálogo final que versó acerca de temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; en esa ocasión la metodología del evento cambió un poco para brindar un espacio mayor a las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo los aportes fueron limitados.
Aunado a esas tres mesas de diálogo, el Estado habilitó un correo electrónico para enviar información y dio tiempo hasta el 10 de julio para enviar insumos; nuevamente en un margen de tiempo sumamente ajustado puesto que el informe estatal debe enviarse el 22 de julio.
Un proceso de consulta efectivo debe incluir espacios de diálogo real, en donde la sociedad civil y los Estados puedan intercambiar información y en los cuales se planteen mecanismos de incorporación de la información aportada por la sociedad civil en el informe estatal. Foros en los cuales hay exposiciones por parte de funcionarios y la sociedad civil puede formular algunas preguntas al término de estas exposiciones, no constituyen un mecanismo real de consulta y no contribuyen al diálogo real entre sociedad civil y gobierno.
Se ha perdido un espacio valioso de colaboración del Estado y la sociedad civil, y probablemente esto se vea reflejado en el informe estatal; habrá que esperar que el Estado cumpla con la implementación de las recomendaciones que se le hagan en octubre, y que en este proceso de implementación involucre efectivamente a la sociedad civil, sin simulaciones o procesos ineficaces que no contribuyen a la construcción de políticas públicas en las que los derechos humanos sean un eje verdaderamente transversal.