El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló mediante una acción urgente que el 1 de julio, Clemente Arreola, identificado por trabajar para el alcalde del municipio de Coyotepec, Estado de México, abrió fuego en contra de Alfredo Cruz Luna de 25 años y de Agustín Binza Luna de 23 años, defensores del derecho al agua, por oponerse enérgicamente a la municipalización del agua.
El hecho ocasionó la muerte de Alfredo y dejó gravemente herido a Agustín Binza. Ese mismo día miembros de la comunidad acudieron a la Secretaría de Gobernación ubicada en Lerdo Poniente, Centro, Toluca, Edomex para denunciar los hechos, sin embargo, no han tenido respuesta alguna.
Antecedentes
El 9 de junio del año 2013 se realizó una Asamblea, la cual fue convocada por el presidente municipal de Coyotepec, Alfredo Anguiano Fuentes, para votar si el agua debía seguirse administrando por la misma población o si debía pasar a manos del municipio (municipalización). No obstante, al momento de la votación las personas que se oponían fueron impedidas para ejercer su voto, mientras que personas identificadas como grupos afines al presidente sí lo pudieron hacer.
Ese mismo día, alrededor de mil 500 personas decidieron movilizarse y bloquear la autopista federal de Querétaro en el kilómetro 50, en protesta por no haberles dejado votar y no respetar sus usos y costumbres. Al lugar arribaron cerca de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes excediendo el uso de la fuerza pública, con gases lacrimógenos, balas de goma y toletes disiparon la movilización ocasionando cerca de 50 heridos.
La comunidad se vio obligada a retirarse del lugar, sin embargo, fueron perseguidos por los elementos policiacos al punto de ingresar a sus casas para continuarlos golpeando y amenazando.
No obstante, la gente ha decidido continuar defendiendo lo que por derecho les corresponde, por lo que han mantenido desde el 9 de junio un plantón en la explanada municipal de Coyotepec.
Por lo anterior, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales para que con fundamento en los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 10,14, 15, 16, 19, 22, 24, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales, Culturales y demás legislación nacional e internacional aplicable; actúe con estricto apego a la legalidad respetando el derecho a la manifestación, así como el derecho al acceso al agua y su administración colectiva.