*Opinión
Por Ana Luisa Nerio Monroy
El derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas está consagrado en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La libertad de expresión es un derecho indispensable para la construcción y consolidación de la democracia, y es componente básico de la participación ciudadana. Sin crítica no hay democracia y cuando el Estado (y los distintos niveles de gobierno que forman parte de éste) la reprime, violenta el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la seguridad e integridad personales.
A pesar de la alternancia de los partidos políticos en los principales puestos de poder, de la oferta relativamente amplia de información a la que hoy podemos tener acceso, la libertad de expresión es un derecho acotado, obstaculizado por actores estatales y privados. En el segundo caso el crimen organizado se ha convertido en una amenaza real para ejercer el periodismo. Además, el Estado ha actuado de manera inadecuada, dejando en la impunidad actos de violencia, amenaza o asesinatos de periodistas y comunicadores. El segundo informe trimestral 2013 de la organización Artículo XIX señala que “aunque la cobertura de la violencia en México ha bajado con el cambio de gobierno, las agresiones a la libertad de expresión en la administración de Enrique Peña Nieto se incrementaron en poco más del 46 por ciento en los dos primeros trimestres de 2013, comparado con el mismo periodo en 2012”.
Un problema común, que se presenta entre periodistas y defensores de derechos humanos y activistas sociales, es que ante una agresión o amenaza, las autoridades no investigan y vinculan a la víctima con el crimen organizado. Este fue el caso de Daniel Alejandro Martínez del periódico Vanguardia de Saltillo Coahuila, cuyo asesinato sigue impune. Al no investigar las autoridades violan el derecho a la justicia y debido proceso de las personas; asimismo afectan el buen nombre, la honra y la dignidad de la víctima y su familia.
Por su parte muchas autoridades actúan de manera déspota, autoritaria y represiva. Un ejemplo es el del Diputado Federal Guillermo Anaya Llamas (PAN) quien amenazó hace unos meses públicamente a un periodista en un evento realizado en la ciudad de Torreón Coahuila. “A ti lo que te hace falta es que te den un levantón” fue la frase pronunciada.
Artículo XIX tienen documentados en el primer semestre de 2013, 32 agresiones físicas contra periodistas; un asesinato; un ataque con granada; 16 amenazas verbales (2 de ellas de muerte); 5 privaciones ilegales de la libertad y 6 intimidaciones.
La libertad de expresión tiene una de sus manifestaciones en la protesta social y en México ésta se ve cada vez más limitada, reprimida y criminalizada. El reporte referido da cuenta de casos como el de un par de jóvenes en Puebla que convocaron a una manifestación, mediante las redes sociales, en contra del presidente Peña Nieto y fueron detenidos ilegalmente, tuvieron que pagar fianzas y están bajo proceso judicial. Lo anterior por ejercer su derecho a manifestarse.
Otra tendencia presente es la de dictar una línea editorial dentro de ciertos medios de comunicación a cambio de mantener el empleo. Esto ha pasado en medios de Baja California, Veracruz y Chihuahua.
Si bien hemos avanzado en materia de derechos humanos es claro que en materia de la responsabilidad y compromiso de algunas personas servidoras públicas estamos muy retrasados. Nadie quiere crítica, no les gusta «que les peguen», metafóricamente hablando, en una nota. Claro, sí desean entrevistar «ser nota», que los medios los y las retomen pero cuidado, sin cuestionar o debatir. Hay muchos egos e intereses de por medio. Hay sobre todo, aunque a muchas y muchos políticos se les olvide, el derecho humano a la libertad de expresión, a la libre manifestación de las ideas y a disentir. Hay también por fortuna periodistas, activistas y defensores que seguirán alzando la voz, protestando y exigiendo.
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