*Opinión
Por Fernando Ríos/Centro Prodh
Hace algunas semanas, Luis Hernández Navarro, tuvo algunas reflexiones en torno al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema Interamericano). En el texto (La Jornada 2/04/13) se apuntó la necesidad de “un buen debate”. En el Centro Prodh coincidimos desde nuestro propio enfoque, producto de la experiencia cotidiana de construcción colectiva que es necesaria la reflexión a favor de personas vulneradas en sus derechos. Esa cercanía con víctimas nos permite dimensionar (desde una óptica diferente a la de los países del cono sur) la acción de los distintos organismos interamericanos integrados en este sistema.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha representado para algunas de las víctimas en América Latina, la última y única opción de acceso a la justicia. Esta instancia que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha establecido un contrapeso real a los gobiernos latinoamericanos desde hace décadas. A través de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se han realizado acciones sustantivas a favor de la democratización de los países que han aceptado su competencia contenciosa.
En su artículo Hernández Navarro, señaló que la CIDH se vio confrontada por Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. La posición de estos países ha sido la de limitar las facultades de la CIDH y buscar reducir el presupuesto y las actividades de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Además han amenazado con ya no formar parte del Sistema Interamericano, a tal grado que Venezuela ya se retiró de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Efectivamente, el caso de Raúl Díaz Peña, donde la CoIDH determinó que el Estado venezolano era responsable por las malas condiciones de detención y falta de atención médica adecuada durante la misma. El caso es discutible, pero dicha sentencia provocó la salida de Venezuela del Sistema Interamericano, acusándolo de ser un instrumento para presiones de índole político por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Es pertinente precisar que una buena parte, de los casos que llegan al Sistema Interamericano, son conflictivos para los Estados miembros. Sin duda, ninguno de los 35 Estados se sienten cómodos al ser examinados, porque se les cuestiona su capacidad de brindar seguridad y certidumbre jurídica a su propia ciudadanía.
Otro caso controversial es el de María Claudia García Iruretagoyena Casinelli y su esposo Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, ambos de nacionalidad argentina. Ellos fueron desaparecidos en 1976 por la dictadura uruguaya. La CoIDH ordenó investigar y sancionar este crimen. El Estado uruguayo adoptó una ley dirigida a evitar que los delitos de la dictadura se prescribieran y quedaran en la impunidad.
En febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay decretó la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley. La CoIDH indicó que su obligación es cumplir sus sentencias por encima de la resolución de las instancias internas. ¿Se declarará Uruguay también en rebeldía ante el Sistema Interamericano?
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que acompañamos a las víctimas de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano, consideramos que es deseable que sus resoluciones sean contundentes y con un compromiso al acceso a la justicia por parte de las víctimas.
Estas OSC pensamos que los debates iniciados por los países que conforman la Alianza Bolivariana, se tradujeron en un posible debilitamiento de la CIDH. Las críticas no plantearon una línea estratégica que trajera mejores resultados para las víctimas de violaciones en las Américas, lo cual podría haber dado inicio a una reflexión acerca de los verdaderos retos del Sistema Interamericano.
Para México, el pretender disminuir la potestad de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, derivaría en un riesgo mayor para periodistas y comunicadores que son amenazados e incluso asesinados con aquiescencia o participación del Estado mexicano.
Es importante destacar que somos los mismos mexicanos quienes hemos recurrido cada vez más ante las instancias internacionales: tan sólo en el 2012 hubo 431 peticiones de personas y grupos mexicanos ante la CIDH.
Es justo decir que las OSC mexicanas han luchado por leer en esos números la vida de personas con un rostro y nombre: Teodoro Cabrera, Rodolfo Montiel, Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo Cantú y las mujeres asesinadas en Campo Algodonero. Las sentencias emitidas por la CoIDH han fundado, además, demandas pendientes como eliminar el fuero militar.
En conclusión podemos decir que una CIDH débil y conservadora de poco servirá para acrecentar la justicia y la democracia en nuestro continente. Es indudable que el Sistema interamericano puede mejorar. Formamos parte de una sociedad civil diversa y ágil que comprende que las acciones de acompañamiento son la mejor contribución que se puede hacer a otros países miembros. Sólo a través de la solidaridad desde la búsqueda de justicia es que se podrá fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.