Diversas comunidades y luchas en la defensa de la tierra y territorio del país, se reunieron el pasado fin de semana en el estado de Puebla, en el contexto de las acusaciones ante el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, Preaudiencia “Carreteras y devastación social y ambiental”, en contra del Estado mexicano y las empresas nacionales y extranjeras, en cuanto al despojo de sus territorios, recursos naturales y cultura.
Ante ello, difundieron una declaratoria, donde señalaron que los numerosos megaproyectos carreteros que se están impulsando en el país responden a intereses externos a las comunidades, y que benefician a grupos de interés extranjero y nacional. Dichos intereses económicos – señalaron- tienen como principal herramienta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado desde 1993.
Por ello, expresaron total rechazo y no aceptación al proceso de exterminio de la población y de medios de producción autónoma e independiente, y acusaron al Estado mexicano de promover este proceso en el país, el cual se ha profundizado desde la firma el TLCAN.
También rechazaron los mecanismos de imposición que utiliza el Estado mexicano y las empresas para imponer los megaproyectos carreteros, tales como: división de las comunidades, asambleas irregulares, falsificación de actas de asambleas, compra de voluntades, el engaño y la manipulación, la intimidación, la invasión de tierras por grupos de choque.
Asimismo, rechazaron la criminalización de la protesta social de las comunidades, donde se pretende imponer los megaproyectos carreteros.
Costos humanos de los megaproyectos
Los múltiples megaproyectos carreteros han destruido las formas de vida de los lugares donde atraviesa la agricultura de subsistencia y las casas habitación; orillando a sus habitantes a abandonar sus lugares, cambiar violenta y abruptamente su manera de vivir y ganarse la vida.
Muchas personas se han visto en la necesidad de migrar a otras ciudades u otros países, como Estados Unidos, todo lo cual ha significado el exterminio de las comunidades rurales y urbanas, así como de sus medios de producción y subsistencia durante los ya 30 años de neoliberalismo.
Los megaproyectos también llevan consigo la contaminación del suelo, el agua y el aire y recursos naturales.
En la declaratoria exigieron un alto a la intimidación de las comunidades y organizaciones que luchan contra los proyectos carreteros y, la solución inmediata a los juicios en materia agraria. Asimismo, pidieron indemnizar a las y los afectados por los daños ocasionados y que sean restituidas a sus legítimos dueños las tierras ocupadas por estas obras.