En el contexto del Día mundial contra el trabajo infantil, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señaló que la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para reformar el artículo 123 constitucional en su fracción tercera y la creación de la Comisión Intersecretarial para la prevención y erradicación del trabajo infantil, serán insuficientes si México no cumple con la creación del Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
En este sentido, documentaron que diversos estudios han demostrado que existe una relación directamente proporcional entre la disminución del ingreso económico de las familias y el aumento del trabajo infantil, esta situación se acentúa en las comunidades con menor desarrollo social. Actualmente más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizan actividades económicas; cuatro de cada 10 no reciben remuneración por su trabajo.
Es necesario diferenciar la actividad económica de la infancia y la adolescencia para ofrecer respuestas diferenciadas que respeten los derechos humanos y ofrezcan alternativas de inclusión social. Sin una cuidadosa aproximación al fenómeno se corre el riesgo de criminalizar a las familias pobres que se ven obligadas a contar con el ingreso económico de sus hijas e hijos para sobrevivir; lo anterior en muchas ocasiones ocurre ante la ausencia del Estado mexicano para garantizar apoyos económicos y mejores empleos para las personas adultas, enfatizó la Redim.
El trabajo infantil, se caracteriza por una relación laboral entre un empleador y el adolescente, en donde existe un producto y/o servicio, horario establecido y lugar de trabajo distinto al ámbito familiar. Incrementar la edad permitida para el trabajo infantil es una recomendación internacional que se complementa con la vigilancia y regulación por parte de las autoridades laborales. Algo que es casi nulo en el territorio nacional, permitiendo abusos de empleadores e industrias beneficiadas.
La explotación económica es un delito, no puede ser considerada un «trabajo» y las autoridades están obligadas a su persecución y sanción ejemplar. En este rubro entrarían aquellas actividades económicas que se realizan en contra de la voluntad de niños y sus familias, que afectan su sano desarrollo, impidiendo la permanencia en la escuela, eliminando los tiempos de recreación; son actividades que no corresponden con su capacidad física, tienen altos riesgos para su integridad y suceden fuera de los contextos de protección familiar. El trabajo esclavo es una realidad en algunas regiones del país, especialmente aquellas donde el crimen organizado tiene mayor dominio.