Organizaciones de la sociedad civil, señalaron mediante un comunicado que por segunda ocasión México inició la ruta la revisión ante el Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos y, nuevamente las autoridades federales han fallado en convocar a un proceso de consultas adecuadas, tal como lo establece el propio procedimiento de las Naciones Unidas. México acudirá ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo mes de octubre para la segunda ronda del EPU.
Lo anterior, porque ayer se llevó a cabo un foro de consulta titulado “Evaluación de México por el Mecanismo del Examen Periódico Universal, Justicia y Derechos Humanos en México” convocado por la Procuraduría General de la República, Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo de la Judicatura Federal, al que fueron invitadas diversas organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de que las autoridades convocantes afirman que el modelo establecido para este foro tiene como objetivo consultar con la sociedad civil sobre el proceso del EPU, las organizaciones de derechos humanos externaron su preocupación por el persistente uso de modelos limitativos que restringen la participación de todos los sectores de la sociedad civil y que no abren espacios de diálogo interactivo entre las autoridades y las organizaciones que han participado activamente durante el primer ciclo en 2009 y durante la evaluación intermedia del EPU.
Dicho foro consistió en mesas con ponentes de diversas instituciones, lo cual limitó la participación de la sociedad civil a breves espacios de preguntas y respuestas sin dar pie a un verdadero diálogo ni una discusión sobre las problemáticas y preocupaciones en materia de derechos humanos, por tanto dicha actividad no reflejará el aporte del la sociedad civil en el informe final que presentará el Estado el próximo 22 de julio.
Las organizaciones instaron al Estado a realizar consultas adecuadas que incluyan la más amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, de todos los estados de la República y cubriendo de forma integral la agenda amplia de derechos humanos. Igualmente, consideraron que estos espacios deben de contar con una metodología clara que permita a las organizaciones conocer con antelación la ruta que el Estado está considerando para incluir todas las propuestas que desde la sociedad civil sean presentadas.
México es reconocido ante la comunidad internacional como uno de los mayores impulsores del mecanismo del EPU, el cual tiene como objetivo hacer una evaluación periódica de la situación general en materia de derechos humanos que permita generar recomendaciones para su implementación a nivel nacional. De igual forma, la sociedad civil mexicana ha sido activa durante todo el proceso de la implementación de este mecanismo, así como durante todo el ciclo en revisión resaltando la importancia de las recomendaciones.
La sociedad civil está convencida, que ante la segunda ronda del EPU, el Estado mexicano tiene una gran oportunidad para generar espacios reales de diálogo y participación que permitan preparar un informe integral y con una ruta crítica para la próxima evaluación.
En este contexto, instaron a que el Estado fomente procesos que promuevan la integración de la información presentada y las distintas visiones de la sociedad civil y del Estado con el fin de llegar ante el Consejo de Derechos Humanos con un panorama de la situación de derechos humanos que permita identificar una ruta para enfrentar los retos más apremiantes en materia de derechos humanos durante los próximos años.