Por Fernando Ríos/Centro Prodh
La violencia en el país ha golpeado especialmente a los grupos más vulnerables. Éstos resienten las heridas ocasionadas por la delincuencia organizada, así como por agentes del Estado, o más aún, la amalgama de ambos. Las y los adolescentes han sido una de estos grupos, pues cada vez más jóvenes ingresan a las filas de la delincuencia, así lo muestran los testimonios de personas que viven en lugares con alta incidencia delictiva, así como los medios han presentado a menores de edad asesinados o bajo proceso judiciales.
La estrategia en estos más de seis años ha sido el abuso de la fuerza. Las estrategias preventivas, las de combate a las actividades financieras y otras más sugeridas en los años recientes han sido ignoradas. El saldo de la violencia continúa avanzando y no existe certidumbre de que esté disminuyendo. El combate a uno de los factores más importantes como es la desigualdad social está siendo ignorado.
Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reportó la creciente desigualdad entre los sectores más pobres y los más ricos en el país. El porcentaje de crecimiento de los grupos más ricos fue 28 por ciento más alto que los pobres, México es así el líder de la desigualdad en todo el continente.
Si unimos los dos puntos de la reflexión, encontramos que la violencia económica es causa y efecto de lo que vivimos. Los grupos vulnerables se encuentran en la trampa de la violencia: es poco plausible que salgan por sí mismo de padecer dichos sufrimientos. El sistema los hace pobres y cada vez más desiguales, y a la vez son víctimas de la violencia.
Por esto no es inútil seguir clamando por políticas públicas que atiendan esa terrible desigualdad, así como un combate efectivo a las ganancias millonarias de los grupos delincuenciales. La seguridad ciudadana es más necesaria que nunca, en diferentes encuestas, hasta un 42 por ciento de la población ha sido objeto de algún delito y los márgenes de impunidad se mantienen en el 98 por ciento.
Así pues, para ir asegurando un proceso de paz, la estrategia debe ser la atención a los grupos más vulnerables por la delincuencia. Será una tarea ardua para el Estado mexicano ir propiciando estrategias que libren a los jóvenes, indígenas, migrantes, entre otros, a liberarse de las trampas de la violencia.