Por Andrés Díaz/Centro Prodh
El pasado 10 de mayo de 2013 concluyó en Guatemala el juicio histórico por genocidio, primero en América Latina que condena a un ex jefe de Estado. Si bien podría parecer de lo más común que una persona que ha hecho mal a la humanidad debe ser juzgado por ello, sin embargo, no es tan fácil.
Guatemala ha tenido un proceso violento de democratización y de lucha por los derechos civiles y políticos, no se diga de otros derechos sociales. Es por ello, que resulta ejemplar que siendo una nación considerada en la región como “inferior” o “en vías de desarrollo”, según la terminología económica internacional, haya podido vencer los obstáculos de los que aún siguen padeciendo países como México.
Habrá que analizar cómo se generaron las condiciones para que finalmente la Fiscalía General de Guatemala decidiera iniciar una averiguación previa; para que ésta haya tenido investigaciones encausadas; para que se haya acreditado el delito de genocidio; para que se haya realizado una acusación y que finalmente motivara un juicio ante un Tribunal de Riesgo. Sin duda el proceso social vivido en aquél país hizo visible la lucha del pueblo ixil, que ha estado rodeado de muerte y de injusticia por décadas.
Un logro, quizá aún no definitivo por los recursos legales y politización que ya está esperando, pero un logro al fin. Un logro que no es una reparación integral, pero sí una visión material de las opciones de justicia que las sociedades tienen. Es claro que Efraín Ríos Montt no será “readaptado” o “reintegrado” a través del proceso de la prisión. Simplemente estará pagando una justa condena por haber eliminado aproximadamente al 33 por ciento de las y los ixiles a inicios de la década de los años ochenta. Ríos Montt enfrenta ya la justicia de un país que ha sabido no abandonar su historia y ser consecuente con la indignación perenne en su memoria.
En México, donde muchos habitantes creen que están mejor posicionados económica, política y socialmente respecto a Guatemala, no se ha mostrado ni un ápice de dignidad en su lucha por la justicia y la memoria; por la verdad y la reparación. Tras la apertura en 2002 de una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, cometidos por servidores públicos (Femospp) no se ha demostrado el interés del Estado, en todas sus esferas, por ser un ejemplo de justicia en América Latina. Al contrario, la revictimización de la sociedad sigue siendo uno de los múltiples obstáculos a vencer.
La Femospp en su momento se dividió en dos líneas de “procuración” de justicia: una que tenía que ver con el genocidio en Tlatelolco y con el Halconazo, y por otra parte, con darle causa a las más de 500 denuncias recibidas por crímenes de lesa humanidad, como desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura, entre otras. Sin embargo, la Fiscalía, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), decidió abrir averiguaciones previas que estaban muertas desde su creación: se decidió investigar por delitos como “privación ilegal de la libertad”, “homicidio” y “abusos de autoridad” contemplados en las legislaciones de la época de la llamada Guerra Sucia.
Al no darle el Estado mexicano el tratamiento de crímenes de lesa humanidad, pese a la constancia de que todos los delitos de Estado fueron cometidos de forma sistemática contra un sector de la población, estas investigaciones conllevarían simplemente a su cierre por la causal de “prescripción”. Es el caso, por ejemplo, de José Manuel Alapizco Lizárraga o de Diego Lucero, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del Estado y sus casos fueron tipificados como “homicidio simple”.
Aunado a lo anterior, el cierre de la Femospp un día antes de la entrada de Felipe Calderón a la presidencia sería un augurio para que el fenómeno de los crímenes de lesa humanidad, en su calidad de ejecuciones y de desapariciones, siguiera imperando en México. La impunidad arrastrada desde la Guerra Sucia ha hecho posible que la sociedad mexicana siga amenazada por el terrorismo de Estado y que los reales artífices sigan libres o hayan muerto sin ser recriminados, como Nazar Haro o el general Acosta Chaparro, a diferencia de Jorge Rafael Videla, ex dictador argentino, quien falleció el pasado 16 de mayo.
En su momento, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2007, tuvo la oportunidad de crear grandes precedentes cuando se intentó juzgar a Luis Echeverría Álvarez por el Halconazo. Sin embargo, fueron argucias técnicas sobre el tema de la prescriptibilidad las que hicieron posible que no se determinara la acción penal. Ahora, un nuevo juicio, el de la ejecución extrajudicial de José Manuel Alapizco, esposo de Martha Camacho (una de las pocas sobrevivientes a una desaparición forzada), ambos del Estado de Sinaloa, presenta una de las posibilidades para que desde el Poder Judicial de la Federación se corrija la actitud del Estado mexicano y se pueda dar justicia a las víctimas.
En Guatemala hubo genocidio, está probado. En México también. En Guatemala hubo ejecuciones y desapariciones forzadas. En México también. En Guatemala se condenó al alto mando de dichos crímenes de Estado. En México, esos mandos aún gozan el privilegio de gobernar.