En México hay cuatro entidades que aún no tienen una Ley de Participación Ciudadana, y Nuevo León es uno de ellos.
Por ello, más de 25 organizaciones civiles (OSC) y más de 30 ciudadanas y ciudadanos entregaron ayer una iniciativa para reformar la Constitución de Nuevo León con el fin de que incluya la figura de Participación Ciudadana con enfoque de Derechos Humanos.
Asimismo, las y los ciudadanos, así como las OSC conformaron el “Movimiento promotor de la Ley de Participación Ciudadana en Nuevo León” para exigir los cambios necesarios en la Constitución del Estado.
El proceso en el Congreso de Nuevo León para lograr la Ley ha durado al menos nueve años, por lo cual iniciaron dicho movimiento para exigir sea aprobada por los actuales diputados una Ley integral que garantice a todos los habitantes las herramientas para planear en conjunto con los poderes Ejecutivo y Legislativo las políticas públicas que afectan a todas las ciudadanas y ciudadanos, ejercer en conjunto dichas políticas públicas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento.
La participación activa de las y los habitantes de Nuevo León en las decisiones públicas es la base de la convivencia social, para alejar las conductas antisociales.
El Movimiento Promotor, señaló mediante un comunicado “estamos convencidos que la combinación de una sociedad organizada, libre y participativa, empresarios con responsabilidad social y políticos honestos y capaces, es la fórmula por la que lograremos el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos, en los que se incluyen entre otros los económicos, políticos, sociales, a la paz y al medio ambiente sano”, puntualizó.
México ha firmado tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que garantizan como derecho la participación ciudadana. Asimismo, el artículo 1 de la Constitución mexicana garantiza el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes. Por ello, Nuevo León está obligado a crear leyes que garanticen el libre ejercicio de los derechos y que otorguen las herramientas para su ejecución.