Ante la negativa del gobierno de Guerrero al dialogo para atender las justas demandas del pueblo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comuntarias (CRAC), señaló mediante un comunicado que se movilizarán para hacerse escuchar.
Señalaron que van a construir alternativas necesarias para mejorar sus condiciones de vida y de convivencia, como lo manda el artículo 39 de nuestra Carta Magna, aun cuando se tuviera que modificar las formas de gobierno.
Asimismo, se manifestaron en apoyo de las demandas magisteriales, “va todo nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG ) y demás participantes en este Movimiento Popular Guerrerense”.
Se pronunciaron por una efectiva y clara separación de poderes en el estado; reiteraron el llamado diputados locales a que respondan dignamente defendiendo los derechos y los intereses del pueblo que los eligió. Al ejecutivo exigieron que privilegie sus capacidades de estadista y no las de represor, en atención a las demandas del magisterio. Exhortaron al poder judicial, para que haga valer su autonomía y no ser «el lavamanos del poder ejecutivo».
Informaron que la CRAC está discutiendo los alcances de esta lucha del Movimiento Popular Guerrerense; pero sin duda, la Casa de Justicia Comunitaria de El Paraiso mantendrá su participación activa y propositiva en la construcción de este espacio de articulación del movimiento social en el estado.
Asimismo, hicieron un llamado a las casas de justicia de San Luis Acatlan, Espino Blanco y Zitlaltepec a reforzar de manera conjunta esta lucha del pueblo guerrerense y a no dejarse amedrentar ni a ser condicionados por los ofrecimientos de apoyo y obras de parte de agentes del estado, les recordaron que los comunitarios dignos ni se venden ni se rinden.
La Policía Comunitaria alertó a las organizaciones hermanas y a los medios de comunicación sobre algunos documentos falsos que se han estado circulando como boletines de dicha institución comunitaria.
La CRAC lleva más de 17 años como sistema se justicia y han mantenido los principios que les ha dado identidad y dignidad a nivel estatal, nacional e internacional. Además en sus comunidades ha disminuido la violencia en un 90 por ciento.