El rumbo de nuestro país no parece claro, las políticas públicas implementadas en este sexenio no parecen asegurar las condiciones idóneas para aspirar a una vida más plena para trabajadores, campesinos, jóvenes e indígenas.
Un argumento consensuado es que la situación de violencia continúa igual que en el último periodo del ex presidente Calderón, así el semanario Zeta calculó que en los primeros 100 días de gobierno de Peña Nieto han transcurrido más de 4 mil 500 homicidios dolosos, 45 en promedio cada día. ¿El gobierno federal ha abandonado su tarea de garantizar el orden?
Resulta cierto que las consecuencias de la guerra fallida de Calderón fue un mayor empoderamiento de la delincuencia en muchos sentidos. Esta delincuencia a la que nos referimos también se relaciona con la delincuencia legal y permitida, como lo son los sindicatos de la educación y el de Petróleos Mexicanos (Pemex). No parece haber un cambio sustantivo después de que fue apresada la señora Elba Esther Gordillo, sólo un cambio de piezas para que el sistema continúe, pues ni Romero Deschamps ni otros líderes corruptos se les ha impuesto mayores controles, menos aún han sido llamados ante la justicia a rendir cuentas.
Por otro lado, la delincuencia oficialmente ilegal, sigue con un férreo control territorial, un hecho inédito es que en algunas partes del país se dan el lujo de cobrar una extorsión por conceder el permiso para las fiestas comunitarias. Además la delincuencia sigue teniendo acceso a numerosas armas de fuego.
Asimismo, se sigue dando pie a la impunidad en tanto no haya contrapesos para el Ejército. Uno de los últimos episodios de esta situación fueron los hechos ocurridos el 18 de marzo cuando fueron torturados y ejecutados Alfredo Ruíz y Alexis Moreno en Nuevo Laredo por parte de miembros del Ejército. Dicha situación no es un hecho aislado, en los dos primeros meses del año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo 193 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que guarda relación con las más de 7 mil 500 quejas que fueron presentadas durante el sexenio anterior.
Estas circunstancias plasman la continuidad en el eje de la violencia y demuestran que el propósito supuesto de terminar con ésta al cabo de un año, es parte de la estrategia dilatoria del actual gobierno. Ante esto no podemos quedarnos sólo con una política declarativa, sino que los ciudadanos deberemos exigir por diferentes medios, políticas públicas adecuadas y que en la implementación de éstas se realice con un estricto apego a los derechos humanos.