El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh) y la Fundación Diego Lucero ayer denunciaron actos de extorsión, lesiones, amenazas, intimidación y malos tratos, contra Pavel Ulianov Guzmán Macario, hijo de Abdallán Guzmán Cruz, cuya familia es víctima de la guerra sucia y peticionaria ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Acción Urgente
El 17 de marzo, Pavel Ulianov de 31 años, se encontraba en compañía de dos amigos, en un lugar aledaño al balneario Coinzio, en Michoacán, cuando policías estatales se acercaron a ellos y los bajaron de un vehículo con lujo de violencia, por la supuesta falta administrativa de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, luego los comenzaron a golpear.
Cuando los policías se dieron cuenta de que Pavel Ulianov trabajaba en el Congreso del Estado de Michoacán como asesor, intensificaron el tono de sus amenazas, tales como: “No sabes en la que te metes, yo me encargaré de llamar a todos los medios para que te arrepientas de no haber arreglado conmigo”, esto porque le dijeron que la multa tenía que ser pagada ahí y correspondía a 5 mil pesos. Posteriormente, y tras otra serie de llamadas entre policías, les dijeron: “No los vamos a poner a disposición, van a ver a donde los vamos a llevar, los vamos a desaparecer”.
En seguida, a Pavel le fue sembrada una bolsa con 200 gramos de marihuana, con lo cual los policías tuvieron supuestos elementos para trasladarlo a la dirección de Seguridad Pública del estado, en donde fue presentado ante los medios de comunicación, en done le sacaron fotos y video, para luego volver a ser amenazado. Se le tomó una declaración dentro de la averiguación previa 47/2013-COE/2MORELIA/XXV que se abrió con relación a los supuestos hechos.
Finalmente, ayer 20 de marzo Pavel Ulianov recibió diversas llamadas donde lo amenazaron a él y su familia, esto si seguía evidenciado los hechos mencionados.
Cabe señalar que el padre Pavel Ulianov, Abdallán Guzmán Cruz, ha denunciado junto con su familia la desaparición forzada de su padre y cuatro de sus hermanos, cometida por elementos del Ejército Mexicano en la década de los 70. El caso de estas desapariciones ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se encuentra en etapa de admisibilidad. Recientemente, el día 7 de marzo de 2013, el Estado mexicano contestó nuevamente la petición, acompañada por el Centro Prodh y la Fundación Diego Lucero, en la cual aduce que el caso no es susceptible de admisibilidad. El hecho de que los policías estatales amenacen con desaparecer a un miembro de la familia Guzmán Cruz permite suponer que tiene una referencia directa al caso.