Por Araceli M. Olivos Portugal/Centro Prodh
“… No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años… su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia…” [Mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos del 3 y 4 de mayo en Texcoco y Atenco, Estado de México]
Esa fue la voz que se encendió vigorosamente el pasado 14 de marzo cuando representantes del Estado mexicano, en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ofrecieron solucionar el litigio por una vía amistosa.
La respuesta fue una negativa contundente a través de una carta firmada por las once denunciantes, señalando que el Estado tuvo oportunidad de demostrar esa pretendida voluntad política para investigar y sancionar las violaciones alegadas desde el 2006 y no hizo sino descalificarlas y retrasar u omitir sus responsabilidades.
Después de que frente a las comisionadas y el comisionado una de las mujeres peticionarias rindiera testimonio de lo vivido, al Estado no le quedó más que intentar una disculpa por los hechos que a estas alturas son irrebatibles: las mujeres fueron torturadas y documentaron ellas mismas esas violaciones.
Hemos de aclarar que existen formalidades para el reconocimiento público de la responsabilidad y la disculpa que en su caso le siguiera; y que en este caso abarca un reconocimiento de los hechos desde la maquinación del operativo, la responsabilidad de todas las autoridades y mandos que intervinieron en el diseño y ejecución del operativo, que derivó en detenciones ilegales,tortura, criminalización de las víctimas y la falta de debida diligencia para investigar y sancionar, entre otros.
Con la certeza que sólo la verdad regala, demostrando la unión y fuerza que amalgama su lucha, las mujeres esperan que este año la Comisión emita el Informe de Fondo en el que determine la responsabilidad del Estado respecto de las graves violaciones a sus derechos fundamentales, avanzando así en la consolidación del acceso a la justicia para las mujeres.