Mediante un comunicado, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) instó a las y los senadores de las Comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos a hacer de la Ley General de Víctimas un instrumento eficaz para la protección de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Es de suma importancia que las Comisiones correspondientes incluyan las voces de los movimientos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil para atender las problemáticas que les apremian y que la Ley responda a las necesidades de las víctimas.
Señalaron que a pesar de la iniciativa de reformas presentada en el Congreso, aún persisten serios obstáculos para que las víctimas de violaciones a derechos humanos accedan a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, del cual dependerá buena parte de las medidas de reparación que puedan ser otorgadas por el Estado.
Por ello, instaron a legisladores a velar por el derecho a la reparación que toda víctima de violaciones a los derechos humanos tiene. Cabe destacar que la propia naturaleza de las violaciones a los derechos humanos es distinta a un delito común, por lo que se requiere que la Ley atienda estas particularidades.
En virtud de ello, se debe asegurar que la reparación por parte del Estado en estos casos no sea subsidiaria. Como lo establecen los estándares internacionales en la materia, el Estado es el primer responsable de reparar las violaciones a derechos humanos, con independencia de que posteriormente pueda demandar el reembolso al perpetrador de la violación, señaló el texto.
Es de suma importancia que la Ley General de Víctimas contemple una perspectiva integral de la reparación del daño, incluyendo medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. La complejidad de las violaciones a los derechos humanos requiere atender la reparación del daño de forma integral y cercana a las propias víctimas.
La CMDPDH reiteró su llamado a las y los legisladores para que las reformas sean aprobadas cuanto antes y así garantizar la plena vigencia y efectividad de una Ley fundamental y urgente para la protección de los derechos humanos en México.