En el contexto del acuerdo partidista del Pacto por México, se presentó al Congreso de la Unión un conjunto de reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Se trata de una iniciativa que combate la concentración, crea un Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la cual garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, obliga a formular políticas públicas para la inclusión digital universal, instruye a crear nuevas cadenas de televisión nacional y condiciona la convergencia de servicios a un entorno competitivo.
Ante ello, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) mediante un comunicado saludó la iniciativa y llama a los partidos en el Congreso a aprobar a la brevedad las reformas que permitan crear un sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión más competitivo, plural y diverso.
La iniciativa propone adicionar el artículo sexto constitucional en el sentido de que “El Estado garantizará el derecho de acceso a la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
El gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo partido en su momento permitió la creación de las empresas concentradas que hoy dominan el mercado, en esta ocasión apoya una iniciativa que, en una de sus partes medulares, ordena la desincorporación de activos de operadores predominantes que concentren más de 50 por ciento del mercado, lo que impacta directamente en la estructura de los conglomerados que actualmente controlan la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, los de las familias Azcárraga, Salinas Pliego y Slim.
La propuesta ordena plazos perentorios para que los legisladores diseñen las leyes secundarias en la materia. Asimismo, la iniciativa atiende la demanda de que las concesiones ya no sólo sean con fines de lucro sino también de carácter público y social, lo que abre la puerta para que organizaciones de la sociedad civil hagan uso del espectro radioeléctrico, como los medios comunitarios e indígenas.
En materia de retransmisión de señales de televisión, la iniciativa se queda corta porque no garantiza la gratuidad de las señales radiodifundidas, en beneficio de las televisoras. Se señala que los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida (Televisa y TV Azteca) están obligados a permitir la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria. Sin embargo, estas señales no serán gratuitas para operadores que hayan sido declarados con poder sustancial de mercado.
Otro tema relevante es que desde el texto constitucional se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, es decir, engañosa, una práctica común de concesionarios y autoridades para confundir a las audiencias. También se crearán mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente.
Los partidos firmantes del Pacto por México deberán aprobar las reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, para que rápidamente sean avaladas por los congresos locales. También debe darse cabal cumplimiento a los plazos que fijan los artículos transitorios de la reforma, para que se avance en la integración del Ifetel, en la convocatoria para licitar nuevas frecuencias que permitan agrupar dos nuevas cadenas de televisión nacional, y en la determinación de agentes económicos preponderantes en la industria.
En este sentido, AMEDI enfatizó que estarán vigilantes de los detalles en su discusión en el Congreso para evitar retrocesos y hacemos un llamado a la ciudadanía para que exija a los legisladores a estar a la altura de las propuestas y no dejarse doblegar por los poderes fácticos.