El gobierno federa y de Oaxaca, han violado los derechos humanos de las y los indígenas de los pueblos Ikojts (Huave) y Bini Zaa (Zapoteca), del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, esto al autorizar permisos y concesiones a la empresa española PRENEAL México S. A de C.V., actualmente parte del consorcio Mareña Renovables, para la instalación del parque eólico denominado “San Dionisio” en la Barra Santa Teresa en el Istmo de Tehuantepec.
Ante ello, Organizaciones de la Sociedad Civil difundieron un documento, en donde señalan que se está violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como convenios y tratados internacionales, suscritos y ratificados por el estado mexicano.
De manera categórica manifestaron su palabra: “Rechazamos el ejercicio de la violencia como una forma de imponer proyectos en territorios indígenas, que transgreden el principio pro persona mediante actos emitidos por las autoridades federal, estatal y municipal, sin la observancia de las normas de derecho nacional e internacional que tutelan el Derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas, respecto de cualquier medida administrativa que afecte sus intereses como parte de pueblos indígena; así como a los derechos al territorio, identidad cultural y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente que existen en su entorno.”
Las instancias gubernamentales federal, estatal y municipal, mediante la instrumentación y ejecución de actos que vulneran los derechos humanos de los habitantes en las comunidades en resistencia, además del despojo de los recursos naturales que pretenden realizar las empresas multinacionales, violan sus derechos humanos al criminalizar la protesta social mediante la integración de averiguaciones previas, libramiento de órdenes de aprehensión, privación ilegal de la libertad, golpes, amenazas de muerte a los campesinos indígenas, líderes sociales que han apoyado las justas demandas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas; así como la presencia de la fuerza pública estatal y federal.