Luego de año y medio de resistir en condiciones críticas, las y los pobladores de Nueva Esperanza retornaron este 28 de febrero a su tierra, Guatemala, después de que en 2011, el Ejército de su país les desalojó con violencia hacia la línea fronteriza con México.
La reubicación se realizó en el Petén, en una finca renombrada “El triunfo de la nueva Esperanza”, esto posteriormente de llegar a un acuerdo con el gobierno de Guatemala, sin embargo, las y los pobladores continúan en condiciones críticas, sin vivienda y sin agua. Durante el retorno, les acompañó una Misión Civil, exigiendo a los gobiernos de México y Guatemala seguridad para las y los desplazados durante el trayecto y condiciones para establecerse con dignidad.
Mediante un comunicado, la Misión Civil externó su preocupación sobre las condiciones en las que las y los desplazados encontraron la finca, ya que no tienen techo, suelo, ni lugar para dormir, lo cual incumple las obligaciones de los gobiernos en casos de reasentamiento y de reinstalación, más aún considerando que la mayoría de las y los desplazados son niñas y niños.
De manera urgente, las organizaciones llaman al gobierno de Guatemala a garantizar a las y los pobladores condiciones que les permitan establecerse con dignidad y salvaguardando el derecho a la salud, a la vivienda y a la vida de manera inmediata. Agua, alimentación y vivienda son condiciones de emergencia que deben ser atendidas de inmediato y sobre las cuales, particularmente, hacemos el llamamiento urgente al gobierno de Guatemala.
Al respecto, mencionaron los principios básicos sobre desalojos y desplazamientos, de Naciones Unidas establece que, “los lugares determinados de reinstalación deben responder a los criterios de una vivienda adecuada, seguridad de la tenencia, servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras tales como agua potable, energía para cocinar, calefacción y luz, saneamiento, lavaderos de ropa, formas de almacenar alimentos, vertederos de basura, drenajes del lugar y servicios de emergencia, y en los casos apropiados, acceso a recursos naturales y comunes», entre muchas otra necesidades.
Por ello, exigen la actuación de los gobiernos de México y de Guatemala en este caso, ya que el gobierno de México incumplió obligaciones de asistencia humanitaria y, en un momento dado, incluso deportó a varios de las y los desplazados con la engañosa figura de repatriación voluntaria y mientras estaba en curso una mesa de negociación. Esta indebida actuación de funcionarios mexicanos, incluyendo al anterior delegado de Migración, continúa impune.
La Misión Civil está integrada por 10 organizaciones de derechos humanos de México, entre otras «La72 Hogar Refugio para personas Migrantes», de Tenosique, Tabasco, quien se ha mantenido atenta al caso y asistiendo humanitariamente, a las familias guatemaltecas. También participan en la Misión Civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Equipo Indignación y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 75 organizaciones de 22 estados de la República mexicana), entre otras organizaciones.