La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresó mediante un comunicado su preocupación porque durante el primer bimestre del año se dio un incremento en el número de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en el país, al contabilizar 42 acosos, cuando en el mismo periodo del 2012 sumaron 21.
Entre los casos, destacan la detención de Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Digna Ochoa, quien fue detenido por policías estatales sin brindarle información sobre el motivo de su detención; así como las amenazas de muerte contra la defensora Obtilia Eugenio Manuel y sus compañeros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), pese a que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2009.
Por otro lado, está la presunta privación de la libertad del defensor Luis Enrique Granillo Ramírez, luego de que anunciara, a nombre de su organización, la creación de policías comunitarias en los municipios a Amatepec y Tlatlaya, Estado de México. Y el más reciente, que es la privación de la libertad y tortura contra Ignacio Ochoa y Plácido, presidente del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido A.C. en Veracruz.
Las 43 agresiones fueron registradas durante el periodo que comprenden los meses de enero y febrero de 2013. Cabe destacar que una tercera parte de éstas se relaciona con la criminalización de la protesta social, dado que existen registros de detención arbitraria mientras las víctimas se encontraban ejerciendo su derecho a la libre manifestación. La segunda con más registros es la agresión contra defensores/as del derecho a la tierra y territorio frente a proyectos eólicos o mineros (Oaxaca y Morelos); seguidos de los ataques a personas defensoras de derechos políticos, entre ellos las amenazas dirigidas a dos integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) en Guerrero.
La CDHDF urge al Estado Mexicano la investigación de los hechos, garantizando el acceso a la justicia para cada una de las víctimas, a fin de generar mejores condiciones para el ejercicio del derecho a defender derechos. Asimismo, es importante construir canales institucionales de participación para esclarecer las demandas de las personas defensoras.
En 2012, casos emblemáticos
A principios de 2012 fue detenida en la ciudad de Juchitán, Oaxaca Lucila Betina Cruz Velázquez integrante de la Asamblea de los Pueblos de Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. Tras acciones de protesta y respaldo de diversas organizaciones, en 16 horas se logró su liberación.
No se debe olvidar el caso de Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, y fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, en Ixtepec, quien tras recibir amenazas de muerte en dejó temporalmente el país.
Asimismo, en agosto, la escritora y periodista Lydia Cacho se vio obligada a salir de México después de que recibió vía telefónica nuevas amenazas de muerte en su contra.