Mediante un pronunciamiento, H.I.J.O.S. México expuso que en el contexto de su 13 aniversario, la desaparición forzada en el país es una práctica sistemática de larga herencia y con raíces que se ubican mucho antes de los periodos de gobierno panista. Dicha práctica, de lesa humanidad y calificada como de terrorismo de Estado, corresponde también a una deuda histórica que México tiene con familiares de personas desaparecidas desde 1969.
Señalan, que cuando el actual Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a investigar todos los casos de personas desaparecidas en el país, se comprometió tácitamente a hacerlo también por aquellas personas que fueron desaparecidas en los sexenios propios del actual gobierno.
“El PRI tiene también su lista de personas desaparecidas y es nuestro deber no olvidarlas en la actualidad, cuando todo se configura para un gran “borrón y cuenta nueva” que haga aparecer la práctica de la desaparición forzada como algo exclusivamente endosable a los gobiernos del panismo”, enfatizó H.I.J.O.S.
La desaparición forzada ha tomado en tiempos recientes matices variados, propios de la compleja realidad nacional, y el pronunciamiento hace énfasis, en la desaparición forzada de personas por razones políticas, crimen que se debe reconocer de lesa humanidad como una injuria y un agravio a la sociedad en su conjunto. Se trata de una estrategia diseñada e implementada desde las más altas esferas del poder público como un mecanismo de control y aniquilamiento, así como de escarmiento y terror social.
Respecto a las “listas” filtradas en medios de comunicación, retomadas por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos que duda entre declarar 26 ó 27 mil casos, con data que no queda clara, se debe recordar que de acuerdo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada se tipifica como “la privación de la libertad (…) cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
Al respecto H.I.J.O.S. México, señala que cada vez que el Estado dice “no saber”, está cometiendo y consolidando dicho delito. El tratamiento de la información en días pasados ha sido gravemente descuidada y constituye una falta de respeto al dolor y al trabajo de familiares de personas desaparecidas y organizaciones que trabajan el tema. Tenemos largas “listas” y bases de datos hechas públicas que sólo revelan su falta de capacidad o de voluntad en asumir responsabilidades en esta materia.