Durante el gobierno de Felipe Calderón, se documentaron casi 250 desapariciones y en 149 casos se encontró pruebas contundentes de ser desapariciones forzadas en las cuales participaron participación agentes estatales y en ningún caso se ha condenado a los responsables, divulgó ayer Human Rights Watch (HRW) en el informe “Desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada”.
Al respecto José Miguel Vivanco, Director para las Américas de HRW, señaló mediante un comunicado, que Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis de la historia, en materia de desapariciones, indicó que “a pesar de que su administración ha anunciado medidas para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos necesarios para asegurar estos crímenes sean llevados ante la justicia”.
La organización internacional encontró evidencias que señalan a los miembros de todas las fuerzas de seguridad como agentes que intervinieron en las desapariciones forzadas, es decir, el Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales. En más de 60 casos, HRW encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares.
Las casi 250 desapariciones documentadas en Los Desaparecidos de México no representan la totalidad de los casos registrados en el país desde 2007. Por el contrario, las estadísticas oficiales prácticamente no dejan dudas de que hay miles de casos más. En noviembre de 2012, se filtró a los medios una lista provisoria elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación sobre más de 25 mil personas desaparecidas o que se denunciaron como extraviadas desde 2006.
Es común que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública no inicien una búsqueda oportuna ni exhaustiva de personas desaparecidas ni investiguen a los responsables. En muchos casos, estos funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar.
Durante el gobierno de Calderón, se negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido violaciones de derechos humanos. En el último año, reconoció que se habían producido abusos y se comprometió a adoptar medidas para abordarlos. Sin embargo, no cumplió la mayoría de sus compromisos, como completar un registro nacional de personas desaparecidas o presentar un nuevo proyecto legislativo al Congreso para reformar el Código de Justicia Militar.
Human Rights Watch instó al gobierno mexicano a crear bases de datos nacionales exhaustivas y precisas sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados, a reformar el Código de Justicia Militar, a revisar la definición de desaparición forzada en la legislación federal y de los estados para asegurar que sea coherente en todo México y acorde con las normas internacionales de derechos humanos.
Asimismo, se invitó a dictar un decreto por el cual se exija que todas las personas detenidas sean llevadas inmediatamente a la agencia del Ministerio Público y se indique claramente que en ningún caso los detenidos podrán ser trasladados a establecimientos militares, dependencias policiales o centros de detención clandestinos.