(Primera de dos partes)
Son muy altos los niveles de marginación de la infancia indígena en el país, tan sólo la privación al derecho a la información es de 95 por ciento y en las zonas rurales es de 98 por ciento; en cuanto al acceso a la vivienda digan la privación es de casi 89 por ciento y en materia de educación es de 23 por ciento, de acuerdo con la publicación “Transición traicionada”, de Centro Prodh.
Ante ello, las organizaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dieron a conocer su balance anual 2012 y perspectivas sobre la garantía de derechos de la infancia durante el sexenio de Felipe Calderón. Cabe destacar que al 2012 niñas, niños y adolescentes en México suman un total de 40.4 millones.
Dicho balance destaca que en México, ser niña, niño o adolescente coloca en riesgo de vivir en pobreza, como resultado de la discriminación por la condición de edad. De acuerdo a datos de Unicef , 80 por ciento de las personas menores de 18 años en el país enfrentan algún tipo de carencia. El 53 por ciento de toda la población infantil y adolescente viven en pobreza, representando aproximadamente 20 millones de ciudadanos.
En México, niñas, niños y adolescentes no son considerados ciudadanos de pleno derecho. Se les contempla aún como personas tuteladas a quienes se les tienen que administrar sus derechos. La exclusión social alcanza a millones de niños y niñas, pero existe la “acumulación de exclusiones”: ser niña, indígena, analfabeta, callejera, embarazada, entre otras. La discriminación se acentúa en grupos de población infantil y juvenil que están sin protección familiar o en instituciones.
Redim consideró especialmente preocupante el incremento de la violencia en el sexenio que terminó, y que se vio reflejada en el incremento de la tasa de mortalidad por homicidio de 0 a 17 años, alcanzando un importante incremento de 2000 a 2010, pasando de las 1.7 a las 3.6 muertes por cada 100 mil habitantes, esto significa un incremento de 210% y representó 1,406 homicidios de niños y niñas tan sólo en 2010.
Es imposible pensar en mejorar la calidad democrática del país sin fortalecer la participación ciudadana desde la infancia. El grupo de organizaciones señalaron que México está obligado a desarrollar mecanismos claros de participación infantil pública y familiar para que niñas y niños decidan sobre los temas que les afectan.
Cabe señalar que hoy se presentará el diagnóstico de la situación de los Derechos de la Infancia en México ante en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.