De acuerdo con la experiencia del Centro Prodh durante el sexenio de Felipe Calderón, afirmamos que en México fueron violados sistemáticamente los derechos humanos. Esto a pesar de que reconocemos los avances, algunos de ellos bajo riesgo, aún sin haber sido aplicados plenamente en nuestro país.
Damos cuenta de los avances, mediante el informe que se presentó ayer “Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012”, sobre todo porque constituyen logros de la sociedad en su conjunto. Descarga el informe
De estos destacamos, la reforma al sistema de justicia y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Reconocemos además que México, ha mantenido la apertura a los organismos internacionales que forman parte de los sistemas universal e interamericano de protección a los derechos humanos.
Pero también está, el clamor creciente de una sociedad que se organiza para defender los derechos de las personas migrantes a su paso por el país, y los reclamos legítimos y casi siempre reprimidos de quienes se oponen a la construcción de grandes obras de infraestructura y de inversión, en nombre del desarrollo, tanto en localidades rurales como en las ciudades.
El carácter sistemático de las violaciones a derechos humanos no tiene que ver con la frecuencia de estas violaciones, sino con el conjunto de condiciones que llevan a permitir, tolerar o incentivar los abusos de poder y las omisiones graves de las autoridades.
No tenemos las mismas condiciones de hace 20 años, cuando fueron publicados los primeros informes del Centro Pro. No tenemos ni al mismo gobierno, ni a la misma sociedad. Y sin embargo, tras el análisis de los casos de violaciones de derechos humanos que sustentan este balance sexenal, detectamos que hay circunstancias análogas, al mismo tiempo, condiciones nuevas.
Entre estas condiciones, de ello hablamos con claridad en el capítulo dedicado a ello, la violencia nos ha mostrado un rostro de México que jamás sospechamos. Nos ha develado los mecanismos de dominación que socialmente hemos construido y que toleramos bajo diversos disfraces. Es la violencia sin distinciones de los grupos que ejercen su poder, legitimado o no, para asesinar, desplazar, amedrentar y reprimir. Toda la violencia es hoy ejercida con la finalidad de demostrar quién manda.
Y esta misma violencia, sin distinciones, se ha ejercido contra las personas pobres que hoy pueblan las cárceles, acusadas y sentenciadas injustamente, lastimadas por un sistema penal que, perdido en los formalismos, es incapaz de alcanzar sus fines debido a que también se ha convertido en un instrumento más de la disputa por el poder. Las personas sometidas a procesos son sobre todo, un botín para quienes aspiran a perpetuar sus intereses o los de su grupo.
Las siguientes reflexiones surgen de la lectura del informe, es una lectura parcial, condicionada por propia práctica del Centro, es un documento comprometido, que toma posición por un sector de la sociedad: por la población más vulnerable, por las mujeres y los hombres pobres cuyos derechos han sido violados y continúan siendo quebrantados.
En el año 2000 hubo movilización y esperanzas respecto de los crímenes cometidos por el Estado. Se prometió que el cambio de partido al frente del ejecutivo federal traería como consecuencia el llamar a cuentas a quienes construyeron el Estado autoritario.
Hoy tenemos en el mismo lugar al partido que se había ido: el PRI. Afirman que se han renovado; no es cierto, no es sólo una creencia o la obstinación frente a los hechos, una señal inequívoca de esta renovación sería el inicio de un proceso de justicia transicional, es decir, de un proceso que convoque a toda la sociedad a reconocer la verdad sobre los crímenes de Estado (de los años 70 hasta la fecha). Y que a partir de este reconocimiento de la verdad se generen procesos de justicia y reparación del daño, no de compensación económica, sino de justicia y reparación.
Pero si lo anterior parece imposible, porque debería encabezarlo el mismo partido que construyó nuestro sistema autoritario, cuyos rasgos permanecen, es aún más difícil esperar que de los ajustes cosméticos surjan auténticos compromisos para garantizar y respetar los derechos humanos.
Sobre todo, porque permanecen inalterados los compromisos económicos ante los organismos financieros que presionan, para desmantelar lo que pueda quedar de protección a los derechos de las personas y colectivos, entre ellos la amenaza que pesa sobre el ejido que hasta hoy ha permitido cierta defensa frente a la rapiña nacional y trasnacional de los bienes comunes convertidos, por el mercado, en recursos naturales. La voracidad económica es hoy uno de esos elementos que no debemos olvidar para no creer ingenuamente que algunas reformas hechas en otros campos podrán permitirnos vivir con dignidad.