Por Fernando Ríos/CentroProdh
México DF (21-enero-13) Un primer éxito del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido la aprobación de una nueva Ley laboral. Ésta es parte de las reformas estructurales que impulsará el gobierno priista, con la estrategia del Pacto por México.
La polémica reforma laboral, según algunos analistas favorecerá el outsourcing, condiciones precarias de seguridad social y la flexibilidad laboral. El éxito de esta reforma estriba en la rapidez con que se aprobó, pues hace apenas unos años esto parecía imposible.
La discusión de la reforma citada, fue expedita y dejó atrás la pretensión de poner medidas de control a los sindicatos privados, es decir, no gubernamentales. Esto fue apenas el inicio de una estrategia que pretende continuar con la reforma de seguridad social, pero también con la reforma fiscal y la energética.
El Pacto por México, ha sido acogido con cierta confianza por la sociedad, parece parte del “bono democrático” del nuevo gobierno, además, fortalecido por la legitimidad que dan los dos partidos de oposición. Con ello, se quiere impulsar cierta gobernabilidad, se trata de 95 compromisos que inician con un candoroso impulso a la sociedad de derechos, en lucha contra la desigualdad. Si bien ha habido algunas críticas de los correligionarios de los dos principales partidos opositores, éstos se mantienen y lo harán desde un Consejo Rector.
La polémica estará viva y las contradicciones se irán descubriendo poco a poco. Resalta por lo pronto, el tono exaltador a los derechos humanos; “Defender los derechos humanos como política de Estado. México requiere que el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos sean una constante de su cultura y del actuar de sus gobernantes. Para ese fin se han dado pasos importantes, a través de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011”, publicó el portal ADN político.
Sin embargo, las intenciones del acuerdo, no son compatibles con la iniciativa del diputado federal Francisco Arroyo Vieira, de dar marcha atrás al logro de la reforma al artículo primero constitucional, por una supuesta incompatibilidad jurídica.
Por esto, se corre el peligro de aceptar un lenguaje garantista de los derechos humanos, que en realidad tiene más intereses empresariales, ejemplo de ello son, el aumento a alimentos y medicinas, la reducción al acceso a la salud o la precariedad laboral. Los 63 compromisos habrán de pasar por el Congreso, pero no será suficiente ante la poca resistencia legislativa, será necesaria la movilidad ciudadana, en un contexto donde parece que Peña Nieto tiene cooptado el diálogo.
Las iniciativas en proceso de aprobarse, son parte de las sugerencias de organismos multilaterales que apuestan por la restricción de derechos con el falso argumento de la eficiencia económica. En conclusión el Pacto por México resultará nocivo para la cultura legislativa en derechos humanos.