De acuerdo con las listas publicadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el próximo 23 de enero será discutido el caso de Hugo Sánchez Ramírez, indígena mazahua encarcelado injustamente durante cinco años, y restituido en su libertad en octubre de 2012.
En este sentido, la decisión del máximo tribunal del país fue considerado un paso importante en la consecución de los derechos fundamentales de indígenas que enfrentan procesos penales irregulares.
Sin embargo, la SCJN aún debe terminar de reconocer la inocencia de Hugo, lo que implica resolver las falsas imputaciones de portación de armas que se le hicieron durante su detención con base en pruebas ilícitas y violaciones a sus derechos humanos.
El CentroProdh, quien ha defendido a Hugo en la última etapa de este proceso, ha sido enfático al señalar que es fundamental que el próximo miércoles el máximo tribunal refrende los derechos de las y los indígenas, a través de este caso en donde hubo discriminación y exclusión.
En este contexto, llama la atención que en la misma fecha, la primera sala de la SCJN discutirá nuevamente el caso de Florence Cassez, la ciudadana francesa condenada a 60 años de cárcel por su presunta participación en una banda de secuestradores.
Cabe recordar, que Hugo Sánchez Ramírez fue detenido de manera arbitraria la noche del 21 de julio de 2007. El joven mazahua fue sustraído violentamente del taxi que conducía y golpeado en las inmediaciones de un paraje rural.
De acuerdo con el área de defensa, de CentroProdh los policías afirmaron que manejaba un taxi en “actitud sospechosa”. Sin más, los elementos de seguridad abrieron fuego, bajaron a Hugo y los torturaron e incomunicaron durante 12 horas en el palacio municipal de Villa Victoria, Estado de México. Durante la tortura le tomaron fotografías sosteniendo una cartulina que contenía la leyenda: “Hugo Sánchez delitos: portación de arma y secuestro”.
Después fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en Toluca, por la supuesta portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Los padres de Hugo lo localizaron y solicitaron su libertad bajo caución.
El 8 de agosto del mismo año, el indígena mazahua sería detenido nuevamente, ahora bajo la imputación de secuestro en agravio de dos menores de edad. A partir de ese día Hugo permanecería cinco años en el Cerezo de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Dicha imputación fue señalada por las fotografías tomadas en julio, durante su incomunicación, ya que fueron utilizadas de manera ilegal para que dos menores de edad lo “identificaran” como uno de sus plagiarios. A pesar de que en sus primeras declaraciones, las víctimas habían manifestado que no pudieron identificar a los secuestradores “porque les taparon los ojos y les agacharon la cabeza”, Hugo fue encontrado culpable.
En este sentido, el juez que conoció la causa penal de secuestro decidió imponerle a Hugo 37 años y 6 meses de prisión. En tanto el juez federal lo condenó a cinco años de cárcel por la supuesta portación de armas. La SCJN amparó a Hugo por el caso de secuestro en octubre del año pasado, pero ello generó una resistencia tan grande de las autoridades del Estado de México que tardaron cinco días en cumplir esa orden judicial.