El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Francisco Arroyo Vieyra propuso modificar el artículo primero de la Constitución en lo relativo a las contradicciones que pudiera darse entre la carta magna y tratados internacionales relativos a los derechos humanos. Arroyo argumenta que existe una contradicción entre los párrafos primero y segundo de la Constitución, pues en su conjunto establecen que los derechos humanos no se podrán restringir o suspender salvo en los casos previstos en la carta magna, y por otro lado también establecen el principio pro persona e interpretación conforme.
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil consideraron que la iniciativa de Arroyo es regresiva puesto que es un cambio relevante para el sistema de protección de los derechos humanos en México: es falso que exista contradicción alguna entre estas dos disposiciones: al contrario, simplemente establecen que la Constitución, incluyendo los supuestos para restringir o suspender derechos, se interpretará conforme a los tratados y que en cualquier caso se aplicará el principio pro persona.
Cabe recordar que en junio de 2011, fue reformada la Constitución para que los tratados internacional ratificados por el Estado mexicano tengan protección y reconocimiento constitucional.
Según un documento difundido por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el documento presentado por el priísta Arroyo crea una jerarquía legal para la interpretación “con la cual retrocede en el avance normativo (de junio pasado) al dejar de garantizar la protección más amplia para la persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del principio pro personae y la interpretación conforme a los tratados, pues establece que debe prevalecer el texto constitucional, desnaturaliza y nulifica los criterios constitucionales de interpretación”, asienta el periódico La Jornada el día de hoy.