Las organizaciones sociales que integran la Alianza Mexicana por la Salud denunciaron ante los medios de comunicación que las omisiones del gobierno federal respecto a los hábitos alimenticios de la población mexicana está provocando un ambiente obesigénico que atenta contra el derecho a la salud de la sociedad mexicana.
La alianza demandó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos «recomiende a las autoridades competentes como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, entre otras, para que actúen y las escuelas en el país ofrezcan alimentos y bebidas saludables; que se vuelva obligatorio el acceso gratuito a agua purificada en las escuelas, centros de trabajo, restaurantes y centros comerciales; prohibir la publicidad dirigida a la infancia de alimentos y bebidas con altos contenidos de azúcar, grasas y sal, que engaña y genera malos hábitos alimentarios, así como la necesidad de desarrollar etiquetados que realmente orienten a los consumidores sobre las cualidades nutricionales de los alimentos, entre otras medidas», según anotan en el comunicado de prensa que difundieron este día.
México ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y al segundo lugar en obesidad de las mujeres a escala mundial, señalando que en el sexenio de Felipe Calderón alrededor de 500,000 personas murieron por diabetes.
También denunciaron que en el Distrito Federal tan solo el 11 por ciento de las escuelas de ciclo básico cuenta con bebederos de agua potable y que esa misma situación se vive en otros estados de la república mexicana, lo cual condiciona que los estudiantes tengan un acceso no restringido a las bebidas azucaradas que a su vez provocan obesidad infantil y graves consecuencias estructurales en su salud, de por vida.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor señaló: “el gobierno ha cedido su obligación de proteger la salud de la población y a la infancia, en particular. Ante esto demandamos que quienes estén al cargo del tema de salud en el próximo gobierno federal estén libre de conflicto de intereses y pongan en primer lugar la salud pública por encima de los intereses empresariales, De esto dependerá que esta epidemia de enfermedad y muerte comience a controlarse o se expanda aún más”.