Hoy el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, abrió su evaluación al Estado mexicano, donde estuvo presente una delegación de más de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y de diversos estados.
Más de 73 organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos dieron a conocer –mediante un boletín de prensa- que el Estado debe dar cabal cumplimiento a las recomendaciones finales del Comité, mismas que serán publicadas en las próximas semanas, con el fin de empezar a prevenir y erradicar la tortura en el país.
El Comité expresó su profunda preocupación por la práctica de tortura en el país, en particular ante el contexto del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanece los actos de tortura. Tras escuchar la exposición inicial del Estado, los miembros del Comité -expertos independientes electos por su pericia en temas de tortura- formularon preguntas y observaciones a la delegación gubernamental acerca de algunas de las problemáticas más preocupantes en esta materia en México.
Los expertos señalaron que sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales. Señalaron que la reforma penal que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y acusatorio no está siendo eficaz ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales.
Ejemplo de ello, señalado por expertos del Comité fue el caso de Israel Arzate, joven juarense víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a autoinculparse falsamente por la masacre de Villas de Salvárcar. El Comité consideró “muy importante” este caso que se encuentra actualmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el precedente que puede sentar en el sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura en el nuevo sistema penal.
El Comité planteó asimismo su preocupación por la tortura, incluyendo la violencia sexual, cometida contra mujeres tanto por agentes estatales (planteando el caso de las mujeres sobrevivientes de San Salvador Atenco) como por actores privados. En este sentido el Comité constató que había “demasiadas lagunas de información” en el informe presentado por el Estadoy pidió información sobre los resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de mujeres, los feminicidios y la tortura cometida por razones discriminatorias en contra de las mujeres. Igualmente expresó su preocupación por la situación de “gran vulnerabilidad” por la que atraviesan las personas migrantes en su tránsito por México, así como por los ataques y actos de represalia en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
Los expertos también hicieron hincapié en la obligación del Estado de tipificar el delito de tortura en el Estado de Guerrero, donde actualmente no se encuentra contemplado en el Código Penal sino sólo en una ley secundaria, lo cual constituye un obstáculo para que tal delito sea investigado; y expresó preocupación porque la utilización del Protocolo de Estambul se desconoce en Guerrero, permitiendo que se sigan cometiendo actos de torturas con impunidad. Por otro lado, expresaron que es urgente informar sobre los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, en diciembre de 2011.